Realicé una compra a través de la página web https://valentinavoss.es, por un importe total de 44,95 €. El sitio web emplea un dominio español “.es”, está orientado específicamente al mercado y consumidor español y, además, en su apartado de preguntas frecuentes afirma expresamente que la empresa “tiene sede en España”. Esta información genera en el consumidor la impresión razonable de que está contratando con una empresa española o, como mínimo, con una empresa que desarrolla su actividad dentro de la Unión Europea.
Una vez recibido el pedido, pude comprobar que el producto recibido no se ajustaba adecuadamente a la descripción y presentación ofrecidas en la página web. En concreto, observé que:
* La calidad del tejido era considerablemente inferior a la que aparentaban las fotografías.
* Los acabados y la apariencia general del producto no coincidía con lo que podía esperarse a partir de las imágenes y la información proporcionada en la web.
Ante estas circunstancias, solicité la devolución del pedido. Fue en ese momento cuando la empresa me comunicó, por primera vez, que debía efectuar la devolución enviando los productos a una dirección situada en Ningbo (China), siendo yo quien tendría que asumir íntegramente los gastos derivados de dicho envío internacional.
Considero especialmente relevante que, antes de efectuar la compra, no encontré en la página web ninguna información clara, visible y suficientemente explícita que indicara que, en caso de devolución, los productos debían ser enviados físicamente a China y que el consumidor tendría que hacerse cargo de los correspondientes costes internacionales.
La única referencia que pude encontrar hacía alusión a un supuesto “almacén internacional”. Esta expresión resulta ambigua y no permite que un consumidor medio conozca de forma clara y anticipada que, en caso de devolución, tendrá que realizar un envío internacional a China y asumir un coste potencialmente muy elevado.
Con el objetivo de conocer el coste real de la devolución, solicité presupuesto a una empresa de transporte que ofreciera garantías suficientes de entrega. El importe estimado para realizar el envío de devolución asciende aproximadamente a 100€, sin descartar además la posible existencia de aranceles, impuestos u otros gastos adicionales.
Por tanto, el coste necesario para devolver el producto sería incluso superior al importe que pagué inicialmente por el pedido, que fue de 45,95 €. Esta circunstancia hace que el ejercicio del derecho de devolución resulte económicamente desproporcionado y, en la práctica, difícilmente viable para el consumidor.
A mi entender, estos hechos podrían constituir:
* Una falta de transparencia en la información facilitada antes de la contratación.
* Una presentación confusa o potencialmente engañosa respecto a la ubicación y la verdadera operativa de la empresa.
* Una práctica que impone al consumidor unas condiciones que dificultan de manera desproporcionada el ejercicio de sus derechos.
Asimismo, considero que podrían resultar de aplicación las obligaciones establecidas en:
* El artículo 97 del Real Decreto Legislativo 1/2007, relativo a la obligación de proporcionar al consumidor información clara y previa sobre las condiciones y los costes asociados a la devolución.
* El artículo 108 del mismo texto legal, relativo a los gastos de devolución y a la obligación de informar adecuadamente al consumidor sobre los mismos.
* La Directiva 2011/83/UE, relativa a los derechos de los consumidores.
He tratado de solucionar esta situación directamente con la empresa de manera amistosa mediante varios correos electrónicos. Sin embargo, las alternativas que me han ofrecido se limitan a reembolsos parciales de cuantía mínima, créditos para realizar futuras compras o la posibilidad de efectuar por mi cuenta una devolución internacional a China, cuyo coste resulta manifiestamente desproporcionado en relación con el importe de la compra.
Por todo lo expuesto, solicito que se proceda al reembolso íntegro de los 44,95 € abonados por el pedido, sin que se me obligue a asumir unos gastos de devolución internacional que no fueron comunicados de forma clara, expresa y suficientemente comprensible antes de realizar la compra y que, además, resultan desproporcionados respecto al importe abonado.