El 17 de agosto de 2026 recibí una llamada en el teléfono. La persona que llamó dijo que pertenecía al servicio técnico de Telefónica. Me indicó que llamaba para mejorar las comunicaciones, cambiar el router y aplicar una mejora en la tarifa.
Pregunté varias veces desde qué compañía llamaban y siempre me dijeron que era Telefónica. En ningún momento se identificaron claramente como otra compañía ni me informaron de que la llamada estuviera siendo grabada. También me pidieron confirmar el DNI de la titular y me dijeron que el cambio de router suponía una permanencia de un año.
Al día siguiente recibí una llamada desde el número 667 811 360. La persona se identificó como Laura Martín, de Movistar, y me dijo que se había recibido una orden de portabilidad hacia Lowi, marca del Grupo Vodafone España. También me dijo que había una supuesta permanencia de un año y que, si no seguía adelante con la portabilidad, tendría que pagar una penalización de 595 euros. Además, me advirtió de que podía quedarme treinta días sin teléfono ni televisión y perder los números asociados.
Después me ofrecieron varias opciones: seguir en Movistar con una tarifa más baja pero perdiendo los números, iniciar un proceso judicial y quedarme sin servicio durante varios meses, o contratar con Lowi o Vodafone para evitar la supuesta penalización y conservar los números. Toda esta información me generó mucha presión y confusión, y acabó condicionando lo que hice después.
A partir de ese momento recibí muchas llamadas desde distintos números, entre ellos 611 456 456, 645 217 083, 676 353 000, 609 451 004, 676 066 305 y 670 353 000. En esas llamadas insistían en que la única forma de conservar los números era contratar la portabilidad con Vodafone. Yo expliqué que la supuesta contratación inicial se había realizado sin una identificación clara de la compañía y con información que pudo inducir a error a las personas afectadas.
El 18 de agosto de 2026 se formalizó por teléfono un contrato con Vodafone, con número de ID T2639424934. Aunque la llamada fue grabada y di mi consentimiento formal, considero que no fue una decisión libre. Acepté por la información que había recibido antes, por la amenaza de una penalización, por el miedo a perder los números y por la posibilidad de quedarme sin teléfono ni televisión.
Después se acordó la instalación de los equipos, primero para el 21 de agosto y finalmente para el 25 de agosto de 2026. Tras la instalación, me dijeron que la portabilidad se haría el 27 de agosto. Sin embargo, el 26 de agosto me comunicaron que la portabilidad había sido rechazada porque no coincidía el titular de la línea con el titular del nuevo contrato. Al hablar con Movistar, me indicaron que se trataba de una portabilidad indebida y que podía seguir con Movistar y cancelar el contrato sin coste dentro del plazo legal de desistimiento.
Tras varios intentos de contacto con Vodafone en el número 912 222 123, pude solicitar la cancelación del contrato el 26 de agosto de 2026. Me dijeron que recibiría un correo electrónico con el número de desistimiento, pero hasta ahora no he recibido ninguna confirmación. También me indicaron que podrían cobrarme la instalación, algo con lo que no estoy de acuerdo, porque no se modificó el cableado de la vivienda y se utilizó el cableado que ya existía de Movistar.
Solicitud
Por todo lo anterior, solicito que se revise lo ocurrido, que se investiguen las llamadas y la portabilidad, que se confirme por escrito la cancelación del contrato y el desistimiento solicitado, y que no se me cobre ninguna penalización, instalación ni otro cargo relacionado con estos hechos. También solicito que se tomen las medidas necesarias para evitarme cualquier perjuicio económico o de servicio por una contratación o portabilidad que no acepté de forma libre y clara.
