Soy la presidente saliente de una Comunidad de Tacoronte. Quien nos llevaba la administración era Club Inmobiliario de Canarias. Tras la celebración de la última reunión de la comunidad, a mediados de febrero, no se me ha facilitado el acta correspondiente para su revisión y firma, incumpliendo el procedimiento habitual y las obligaciones de transparencia en la gestión. Además, la comunicación posterior se ha dirigido al nuevo presidente, omitiendo a esta presidencia saliente, a pesar de ser la persona que debe revisar y firmar el acta correspondiente a la reunión celebrada durante su mandato. El contenido del acta no refleja de forma fiel ni completa los asuntos tratados, presentando un carácter más propio de una comunicación subjetiva que de un documento oficial. Asimismo, se ha rechazado incluir lo realmente expuesto en la reunión, pese a haberse solicitado expresamente. Se han omitido cuestiones de especial relevancia, entre ellas: La decisión de la administradora de no iniciar reclamaciones contra los propietarios morosos. La falta de información sobre obras realizadas o previstas en zonas comunitarias. Hechos y manifestaciones relevantes que sí tuvieron lugar durante la reunión. Durante la reunión se produjeron constantes descalificaciones hacia esta presidencia, especialmente al señalar posibles incumplimientos en la gestión, generando un ambiente impropio del ámbito profesional. De forma especialmente grave, se incluyó a esta presidencia en la lista de propietarios morosos remitida a los vecinos, sin ser cierto, lo cual ha podido generar confusión y un perjuicio reputacional evidente. En definitiva, el acta ha sido redactada de forma parcial y sesgada, incluyendo únicamente aquello que interesa a la administradora, sin ajustarse a la realidad de lo acontecido.
