Se ha realizado un cobro automático de la renovación de la suscripción anual a El País esta mañana, sin previo aviso de que dicha renovación se iba a llevar a cabo.
Me suscribí por una oferta de 18€ al año en 2025, y hoy se me ha cobrado 115€ por la renovación de la misma. He llamado para solicitar el desistimiento, y pedir que me devolviesen la cantidad, pues no me interesaba dicha suscripción. El País se ha negado, alegando que en sus términos y condiciones se especifica dicha renovación automática. En mi experiencia, y cada vez es más habitual, muchas de mis suscripciones, especialmente si son de larga duración, como en este caso, avisan con anterioridad al cobro anual que dicha renovación se va a dar (ya sea 1 mes o 15 días antes), con lo que me da tiempo a pensar si me interesa mantener el servicio o no. La respuesta de El País ha sido que eso no lo van a hacer porque son un "servicio público". La cuestión es que, tal y como se lo he explicado, hay otros servicios públicos que sí hacen dicha comunicación, y que funciona de manera excelente. La respuesta de El País ha sido ofrecerme la devolución de los 115€ a cambio de que pagase una suscripción de 45€, una oferta que no me interesa, pues yo quiero el desestimiento completo.
Considero que los Términos y Condiciones de El País son abusivos y promuevo su actualización fervientemente, que la contratación por Internet debería haber sido mucho más clara y tuviese en cuenta los derechos de los consumidores y usuarios, que es una entidad con suficientes capacidades para implementar un sistema de notificaciones como se explica, que otras empresas públicas llevan años haciéndolo (adjunto prueba), y por ende, exijo la completa devolución del precio de suscripción, y añado, la baja permanente de sus servicios.
Finalmente, cabe recalcar que, a finales de 2026, entrará en vigor la Ley de servicios de atención a la clientela, donde se exigirá que las empresas, con 15 días de antelación, deberán notificar la renovación de las suscripciones, por tanto, actualmente, ya existe normativa que ataca esta problemática social, siendo un problema real e injusto para los consumidores y usuarios.
El País ha abusado de su posición en este caso, y no ha ofrecido suficientes garantías a sus clientes.
