En abril de 2022, Holaluz realizó en mi domicilio una instalación de placas solares, encargándose de toda la gestión, tanto de la obra como de los permisos. La instalación estaba prevista para enero de ese mismo año, pero se retrasó debido a la solicitud del permiso de obra del Ayuntamiento y, pocos días antes de realizarla, me comunicaron que dicho permiso ya estaba oficializado.
El abril de 2024 recibí una comunicación del Ayuntamiento de Madrid conminándome a demoler la instalación, ya que consideraban que la Declaración Responsable que hizo Holaluz al solicitar el permiso de obras no era correcta. Me comunicaban además que, de no hacerlo, me pondrían sanciones sucesivas de 1000, 2000 y 3000 €. Hice llegar la notificación a Holaluz y les manifesté mi preocupación. Ellos me tranquilizaron diciendo que estaban tramitando la solución del problema y que, en cualquier caso, se harían cargo de cualquier sanción, como así dice el contrato.
Pero a lo largo de este tiempo, he seguido recibiendo notificaciones del Ayuntamiento cada vez más insistentes, que he ido remitiendo a Holaluz, sin ninguna respuesta por su parte. Finalmente me han puesto la primera multa, con apremio y, pese a mi insistencia ( decenas de llamadas y emails), sigo sin obtener ninguna comunicación por parte de Holaluz.
Además, hago notar mi indefensión ya que, al no haber hecho los trámites de la instalación con el Ayuntamiento, carezco de los documentos que me podrían permitir solucionar el defecto en el permiso de obras o, por lo menos, enterarme de cuál es el problema.
Mi impresión es que están dejando el problema pudrirse a la espera de que decaiga su responsabilidad o de que me harte y recurra a la vía legal, con el consiguiente retraso. Creo que me veo obligado a hacer esto último.
