Por medio del presente escrito, y a través de la OCU como organización de defensa del consumidor, formulo reclamación formal contra la comercializadora de suministro eléctrico por los hechos que se exponen a continuación.
Hechos:
Tras adquirir nuestra vivienda, contactamos con la compañía para valorar un ajuste de potencia contratada. Un agente de atención telefónica nos indicó expresamente que el pico máximo registrado era de 0,7 kW y que podíamos reducir la potencia a 2 kW "con total tranquilidad". Esta información resultó ser incorrecta: tras hacerse efectiva la bajada, se produjeron cortes de suministro inmediatos al utilizar electrodomésticos básicos como la cocina de inducción.
Solicitamos de inmediato la restitución de la potencia original, pero la compañía tardó cerca de un mes en ejecutarla, superando ampliamente el plazo establecido por ellos mismos, a pesar de las múltiples llamadas realizadas. Durante ese tiempo, el suministro se interrumpió en repetidas ocasiones y sólo transcurrido casi un mes, la propia empresa aplicó una solución técnica que habría evitado los cortes desde el principio, lo que evidencia que disponía de alternativas que no ofreció.
El acceso a la atención al cliente resultó especialmente dificultoso: el rearme remoto del contador no funcionó, y fue necesario identificarse como mayor de 65 años para que un operador atendiera la llamada. En ningún caso los operadores lograron restablecer el suministro de forma inmediata.
Intentos previos de reclamación sin respuesta:
En el momento se nos negó telefónicamente la posibilidad de presentar una reclamación o queja, alegando que debía haberse emitido el recibo del período en cuestión.
Con carácter previo a esta reclamación, intentamos formalizar la queja a través de la página web de la compañía, sin poder completar el proceso. Asimismo, enviamos un correo electrónico a la dirección de atención al cliente y reclamaciones que la empresa facilita, sin haber obtenido respuesta alguna. Esta conducta, que dificulta de forma sistemática el ejercicio del derecho a reclamar, constituye en sí misma una vulneración de los derechos reconocidos en el Real Decreto Legislativo 1/2007 (TRLGDCU).
Perjuicios ocasionados:
La actuación negligente de la empresa generó perjuicios directos e indirectos de relevancia: interrupción de la actividad laboral realizada desde el domicilio, riesgo para la salubridad de alimentos refrigerados por cortes prolongados de la cadena de frío —agravado por coincidir con las vacaciones de Navidad—, imposibilidad de cocinar con normalidad durante casi un mes con el consiguiente sobrecoste, y el tiempo invertido en numerosas gestiones para resolver incidencias provocadas íntegramente por el error de la compañía.
Fundamentos jurídicos:
La compañía ha incumplido su deber de información veraz y diligencia profesional en la prestación de un servicio esencial, conforme al Real Decreto 1955/2000 y al Real Decreto Legislativo 1/2007. Asimismo, ha dificultado indebidamente el ejercicio del derecho a reclamar, vulnerando el artículo 21 del citado texto refundido.
Pretensiones:
1. Que no se nos repercuta el coste de la subida de potencia, provocada exclusivamente por el error de asesoramiento de la empresa.
2. Devolución íntegra del importe abonado por la bajada de potencia, realizada sobre la base de información incorrecta facilitada por la compañía.
3. Compensación económica por los perjuicios directos e indirectos ocasionados, que proponemos se materialice en un descuento del 50 % en los recibos emitidos durante los próximos cinco años.
4. Implantación de protocolos de asesoramiento riguroso, atención directa en incidencias y rearme inmediato del suministro, para evitar que otros consumidores sufran situaciones similares.
Quedamos a la espera de respuesta motivada en el plazo legalmente establecido, reservándonos el ejercicio de cuantas acciones legales correspondan.
