Inclupimiento, presiones y denegación ilegal

Estimados/as señores/señoras de la OCU Me pongo en contacto con ustedes porque contraté una formación por un importe total de 900 € y considero que la empresa ha vulnerado mis derechos como consumidor. En primer lugar, realicé el pago sin haber recibido previamente el contrato ni haber podido conocer y revisar las condiciones contractuales. El contrato me fue facilitado únicamente después de haber efectuado el pago, impidiéndome tomar una decisión informada antes de contratar el servicio. Asimismo, intenté ejercer mi derecho de desistimiento dentro del plazo legal correspondiente, pero la empresa se negó a reconocerlo y a tramitar la cancelación solicitada. Además, he recibido llamadas telefónicas y mensajes a través de WhatsApp reclamándome el pago de cuotas y ejerciendo una presión constante para que continúe abonando cantidades económicas, a pesar de haber manifestado mi voluntad de desistir del contrato y de mostrar mi disconformidad con la situación, me estaban amenazando con meterme en una lista de morosidad y tener un juicio. Estas actuaciones constituyen una práctica abusiva e intimidatoria que ha afectado gravemente a mis derechos como consumidor. Considero que se ha vulnerado mi derecho a recibir información contractual previa de forma clara y suficiente antes de contratar, mi derecho de desistimiento y mi derecho a no sufrir prácticas comerciales agresivas o presiones indebidas para efectuar pagos. SOLICITO la devolución íntegra de los 900 € abonados, el reconocimiento de mi derecho de desistimiento, el cese inmediato de cualquier reclamación, presión o comunicación intimidatoria por teléfono o WhatsApp, también de que me dejen de intentar cobrar .

Respuesta a la reclamación de D. Daniel Carretero Estimados señores, En relación con la reclamación presentada por D. Daniel Carretero, manifestamos nuestra disconformidad con los hechos expuestos por el reclamante. Primero. El reclamante no contrató una formación por importe de 900 €, como indica en su escrito. La contratación realizada el día 03/11/2025 corresponde a un programa formativo con un precio total de 3.600 €, cuyo pago fue fraccionado en 12 cuotas de 300 €, circunstancia expresamente aceptada por el cliente durante el proceso de contratación. Segundo. Antes de completar la compra, el reclamante aceptó expresamente los Términos y Condiciones de contratación mediante la correspondiente casilla de aceptación obligatoria. Asimismo, dichos términos le fueron remitidos posteriormente al correo electrónico facilitado por él mismo durante el proceso de compra. Tercero. Es incorrecta la afirmación de que no pudo conocer las condiciones contractuales antes de contratar. La aceptación de dichas condiciones era requisito indispensable para completar la compra. Cuarto. El reclamante solicitó posteriormente la aplicación de la garantía contractual ofrecida por la empresa. Dicha solicitud fue revisada conforme a los requisitos escidos en los Términos y Condiciones aceptados por el propio cliente. Tras la revisión efectuada, se comprobó que el reclamante no cumplía los requisitos mínimos exigidos para acceder a dicha garantía, motivo por el cual su solicitud fue denegada. Quinto. El reclamante ha disfrutado del acceso al programa formativo contratado y únicamente ha abonado tres de las doce cuotas pactadas, permaneciendo pendientes las restantes conforme al acuerdo de pago aceptado en el momento de la contratación. Por todo ello, consideramos que la contratación se realizó con plena información previa, que los términos contractuales fueron aceptados expresamente por el cliente y que no concurre causa alguna que justifique la devolución solicitada. Quedamos a disposición de esa entidad para cualquier aclaración adicional. El jue, 4 jun 2026 a las 20:45, reclamar@ocu.org escribió:

Estimados/as señores/as: Me pongo en contacto con ustedes para formular reclamación frente a la empresa responsable de la formación contratada el 03/11/2025, al considerar que durante la contratación y posterior gestión de la relación comercial se han vulnerado diversos derechos reconocidos a los consumidores por la normativa española. La contratación se realizó a distancia mediante llamada comercial y contratación online. Considero que no recibí de forma clara, suficiente y efectiva toda la información contractual necesaria antes de quedar vinculado por el contrato, tal y como exigen los artículos 60 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Asimismo, la documentación contractual me fue remitida con posterioridad a la contratación y al inicio de la prestación del servicio, circunstancia que afectó a mi capacidad para conocer íntegramente las condiciones económicas y jurídicas antes de asumir el compromiso contractual. Posteriormente manifesté de forma expresa mi voluntad de cancelar mi vinculación con el programa y mi desacuerdo con las condiciones aplicadas por la empresa. Desde entonces he recibido reiteradas llamadas telefónicas y comunicaciones por WhatsApp reclamando cantidades económicas pendientes y advirtiéndome de una supuesta inclusión en ficheros de morosidad y de la inminencia de procedimientos judiciales, circunstancias que considero intimidatorias y contrarias a las exigencias de buena fe que deben regir las relaciones con los consumidores. Asimismo, solicito que se verifique la legalidad de cualquier eventual inclusión de mis datos en sistemas de información crediticia o ficheros de morosidad, dado que la deuda se encuentra expresamente discutida y ha sido objeto de reclamación por mi parte. Por todo lo anterior, considero que existen indicios suficientes para saber que la empresa no ha cumplido correctamente sus obligaciones legales en materia de información precontractual, transparencia contractual, protección de consumidores y tratamiento de datos personales. SOLICITO: 1. La devolución de las cantidades abonadas, que ascienden a 900 euros. 2. El cese inmediato de las llamadas y mensajes de presión relacionados con el cobro de cantidades controvertidas. 3. La verificación de la legalidad de cualquier comunicación o inclusión de mis datos en registros de morosidad. 4. La revisión de las actuaciones de la empresa a la luz de la normativa de protección de consumidores y usuarios. 5. La adopción de las medidas oportunas para la defensa de mis derechos como consumidor. SOLICITO que la OCU continué con la mediación.