Mi experiencia con la gestión de reclamaciones de Barkibu ha sido profundamente decepcionante.
He enviado varios correos electrónicos al departamento legal los días 3, 19 y 29 de junio sin recibir respuesta alguna. Como persona afectada por un siniestro, resulta frustrante encontrarse con una absoluta falta de comunicación, seguimiento e información sobre el estado del expediente.
Además, quiero dejar constancia de nuestra total disconformidad con el procedimiento establecido para la aportación de documentación. Barkibu no facilita ningún canal oficial, accesible y funcional para que los perjudicados puedan presentar directamente la documentación necesaria. Se exige que los archivos sean subidos a través de una aplicación a la que no tenemos acceso ni obligación de disponer, sin ofrecer alternativas válidas mediante correo electrónico, plataforma web o cualquier otro medio razonable.
Esta situación ha dificultado de forma injustificada la tramitación de una reclamación derivada de la agresión sufrida por mi madre por parte de un perro asegurado con una póliza de Barkibu, generando retrasos e indefensión completamente ajenos a nuestra voluntad. La persona perjudicada queda, en la práctica, bloqueada y dependiente exclusivamente de que el tomador de la póliza gestione la documentación, sin capacidad alguna para impulsar su propia reclamación.
Pero lo más sorprendente ha llegado al final del procedimiento. Tras todas las dificultades descritas, se reconoció una indemnización de 784 €. Sin embargo, de esa cantidad, 200 € correspondían a la franquicia a cargo de la propietaria del perro. Lejos de encargarse de gestionar o reclamar dicho importe, ni Barkibu ni la empresa encargada de la tramitación, Crawford & Company, realizaron actuación alguna para facilitar su cobro. Fuimos nosotros quienes tuvimos que contactar directamente con la propietaria del animal para intentar recuperar esa cantidad.
Resulta difícil entender que, después de meses de trámites y obstáculos, la persona perjudicada tenga que asumir también esa gestión adicional, mientras las entidades intervinientes se limitan a dar por concluida su actuación. Además, cabe preguntarse qué ocurriría si la persona responsable residiera en otra ciudad o decidiera simplemente no colaborar. En ese caso, el perjudicado tendría que iniciar nuevas gestiones por su cuenta para recuperar una cantidad que forma parte de la indemnización reconocida.
Por todo ello, considero fundamental que, ante este tipo de incidentes, quede constancia oficial de los hechos mediante la intervención de la policía o autoridad competente, ya que puede ser determinante para proteger los derechos de las personas afectadas y evitar posteriores problemas en la tramitación de las reclamaciones.
La sensación que transmite todo el proceso es de falta de transparencia, ausencia de atención al perjudicado y carencia de mecanismos adecuados para colaborar en la resolución del expediente. Consideramos imprescindible que Barkibu habilite canales oficiales y operativos para la presentación de documentación por parte de terceros afectados y que mejore sustancialmente sus procedimientos de atención y gestión de siniestros.
