Con fecha 5/1/26 presenté escrito de reclamación ante una oficina de registro, dirigido a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, en relación con la actuación de la compañía Endesa respecto a mi contrato de suministro de gas nº 999429089804, correspondiente a mi vivienda habitual.
Dicha reclamación se fundamenta en la existencia de tres facturas de gas emitidas por Endesa con importes extraordinariamente elevados y desproporcionados (735,79 € en septiembre de 2022; 794,38 € en febrero de 2023; y 1.254,87 € en julio de 2023), manifiestamente incompatibles con el consumo real de la vivienda, habitada de forma habitual por dos personas y con consumos históricos muy inferiores.
A pesar de haber formulado reclamaciones previas ante el Ministerio de Industria y de haber solicitado reiteradamente una explicación técnica detallada de los consumos, las lecturas aplicadas y los cálculos realizados, durante aproximadamente tres años no he recibido por parte de Endesa ninguna respuesta clara, motivada ni documentada, ni tampoco una propuesta de solución, revisión o fraccionamiento de pago. Ya se hizo una reclamación por las primeras dos facturas (marzo de 2023), porque ya detectamos problemas con el contador en una factura previa (en el mes de septiembre de 2022).
Desde ENDESA, en nuestro Área de cliente, marcaron como resuelta dicha reclamación, por lo que dimos por hecho que el problema se había solucionado (documento adjunto 01).
La falta total de comunicación y de resolución por parte de la compañía se ha visto agravada recientemente por la recepción de amenazas de suspensión del suministro, sin que se haya atendido a la reclamación presentada ni se haya justificado previamente la procedencia de las cantidades reclamadas.
De manera especialmente preocupante, el 23 de enero de 2026, y pese a haberse presentado ya la reclamación formal el día 5 de enero, personal vinculado a la compañía se personó físicamente en el domicilio con la intención de proceder al corte del suministro de gas, sin tener en cuenta la existencia de un procedimiento de reclamación en curso. No se les permitió el acceso a la vivienda, y tras consultar con nuestro abogado, se formula la presente denuncia por recomendación expresa del mismo.
Esta actuación resulta a mi juicio desproporcionada y contraria a los principios de buena administración y protección de los consumidores, máxime teniendo en cuenta que la unidad familiar se encuentra actualmente en una situación de especial vulnerabilidad, al estar mi cónyuge embarazada de tres meses, lo que incrementa de forma evidente los perjuicios que podría ocasionar una interrupción del suministro básico.
Por todo ello, acudo a la OCU solicitando su intervención para que se examine la actuación de la compañía, se garantice la protección de mis derechos como consumidor y se evite cualquier medida de suspensión del suministro mientras la reclamación no haya sido debidamente analizada y resuelta.
