Desde mayo de 2024 hasta abril de 2025, mi cuenta bancaria en Cajamar Caja Rural ha registrado dos cargos mensuales procedentes de la empresa O2: uno correspondiente a un servicio que efectivamente tengo contratado, y otro que no fue solicitado ni autorizado por mí. Este segundo cargo, de 38€ mensuales, corresponde a un servicio ajeno, vinculado a una persona desconocida.
Esta situación pasó desapercibida durante meses porque yo ya tenía una domiciliación activa con dicha empresa, lo que provocó que ambos cobros aparecieran bajo el mismo concepto, dificultando su detección.
Una vez que advertí el error, solicité la devolución de los importes cobrados sin autorización. La entidad bancaria sólo accedió a devolver las dos últimas mensualidades, alegando que no puede actuar sobre cargos anteriores. Considero que esta respuesta no se ajusta a lo que establece la normativa sobre servicios de pago, que protege al usuario ante operaciones no autorizadas.
La Ley 16/2009, de servicios de pago, indica que ante operaciones no autorizadas, el banco debe devolver de inmediato el importe salvo que pueda demostrar que el titular autorizó la operación, lo cual no es el caso.
Además, para evitar nuevos cargos, he bloqueado la domiciliación no autorizada a través de la propia entidad bancaria. También he presentado una denuncia formal ante la policía, aportando todos los documentos necesarios, incluyendo los recibos y mi certificado de titularidad de la cuenta bancaria.
He contactado tanto con Cajamar como con O2, pero ninguna de las dos entidades ha asumido su responsabilidad, remitiéndome mutuamente de una a otra sin ofrecer una solución. Como consumidor, me encuentro desprotegido ante una situación que nunca debió producirse si se hubieran aplicado los controles adecuados en el proceso de domiciliación.
Por todo ello, solicito la devolución íntegra de los importes cobrados de forma indebida (10 mensualidades de 38€).
En caso de no recibir una respuesta satisfactoria, me reservo el derecho a tomar las medidas legales oportunas.
