Estaba en Yoigo únicamente con el servicio de WiFi y, al parecer, tenía una promoción de 12 meses por la que pagaba 19,99 €. Cuando terminó, sin previo aviso, pasaron a cobrarme 32 €. En cuanto me di cuenta, intenté darme de baja. Estuve llamando a los numerosos teléfonos de “atención al cliente” que tienen; en muchos de ellos me pedían el DNI y, al cabo de un rato, la máquina me decía que no era cliente y me colgaban.
De unas 20 llamadas, conseguí que en alguna me atendiera una persona (cosas hardua), pero me derivaban a números a los que ya había llamado previamente. Intentaba explicárselo y, antes siquiera de terminar de hablar, ya me habían cortado la llamada.
Desesperado al ver que me iban a cobrar otro mes sin necesitar el servicio, decidí acudir presencialmente a una oficina. Nada más llegar, le comenté a la trabajadora que necesitaba darme de baja y ella me respondió que allí no podían hacerlo, a pesar de que, justo al lado, había una mujer dándose de alta en los servicios de Yoigo. Esto genera una clara indefensión, ya que puedo contratar por un medio pero no cancelar por el mismo.
Aun así, la trabajadora se ofreció a ayudarme y me indicó un número al que llamar al día siguiente, ya que era tarde. A la mañana siguiente volví a intentarlo con el número que me había facilitado, obteniendo el mismo resultado que anteriormente. Por ello, me vi obligado, muy a mi pesar, a recorrer de nuevo toda la ciudad para acudir otra vez a la oficina.
En cuanto me vio, la trabajadora volvió a probar con el número que me había indicado, comprobando ella misma que el sistema decía que yo no era cliente. Después llamó a otro número destinado, según le indicaron, a los “clientes de primera”. Estuvo alrededor de 40 minutos intentando tramitar mi baja, soportando continuos cortes y esperas por parte de la teleoperadora, dando la sensación de que buscaban que desistieramos por cansancio.
Finalmente, tras esos 40 minutos, conseguimos tramitar la baja, aunque nuevamente incumpliendo mis derechos como consumidor. Solicité expresamente una baja inmediata, ya que otra compañía ya me estaba prestando el servicio. Sin embargo, la operadora se negó alegando que era “por mi beneficio”, para evitar que me quedara sin internet durante unos días. A pesar de insistir varias veces, hizo caso omiso y no tuve más remedio que aceptar que me cobraran otros 15 días de un "servicio" que ni había solicitado mantener ni tenía ya interés en utilizar.
De hecho, el router sigue actualmente guardado en su caja, esperando a que transcurran esos 15 días “en mi beneficio” para poder devolverlo. Y todo ello con la preocupación añadida de que posteriormente intenten alegar que no he devuelto el equipo y pretendan cobrarme 130 €, bajo la amenaza de incluirme en un fichero de morosos.
