Con fecha 23/04/2025 suscribí contrato de compraventa de un vehículo de ocasión con financiación vinculada gestionada por el propio concesionario a través de CaixaBank Payments.
La operación fue tramitada íntegramente por el
establecimiento, actuando la financiación como elemento esencial para la formalización de la compra.
Al día siguiente, 24/04/2025, detecté que durante la tramitación de la operación el concesionario había introducido datos erróneos relativos al vehículo, concretamente una matrícula incorrecta, generando una importante discrepancia en el objeto de la operación.
Ese mismo día comuniqué expresamente mi voluntad de desistir de la financiación con número de solicitud (T-0000801403 y Nº de contrato: 747983) , notificándolo de inmediato mediante WhatsApp y posteriormente por otras vías escritas.
La entidad financiera CaixaBank Payments aceptó correctamente el desistimiento del contrato de financiación dentro del plazo legalmente establecido para contratos de crédito al consumo.
A pesar de ello, el concesionario sostiene que el desistimiento de la financiación no afecta a la compraventa y me reclama el pago de una supuesta penalización por importe aproximado de 3.950 €, desglosada en diversos conceptos que considero improcedentes, desproporcionados y carentes de justificación suficiente.
Entre dichos importes se incluyen cantidades relativas a garantía comercial y otros gastos no acreditados documentalmente, pese a que el vehículo nunca ha sido entregado ni aceptado por mi parte. Asimismo, he manifestado reiteradamente y de forma expresa mi voluntad de no continuar con la operación y de no aceptar la entrega del vehículo.
A lo largo de las últimas semanas he recibido múltiples comunicaciones, correos electrónicos y burofaxes en los que el concesionario insiste en reclamar cantidades económicas y amenaza con iniciar acciones judiciales, incluyendo intereses de demora y gastos jurídicos adicionales, pese a existir una controversia clara sobre la validez y proporcionalidad de las cantidades reclamadas.
Considero que la actuación del concesionario puede vulnerar la normativa de protección de consumidores y usuarios, especialmente en relación con posibles cláusulas abusivas, penalizaciones desproporcionadas y falta de transparencia en la información facilitada al consumidor.
Asimismo, entiendo que existe una clara vinculación entre la financiación y la operación de compraventa, al haber sido ambas gestionadas conjuntamente por el propio establecimiento dentro de una misma operación comercial.
He actuado en todo momento de buena fe, comunicando de forma inmediata mi desistimiento, rechazando expresamente la entrega del vehículo y tratando de resolver la situación de forma amistosa y conforme a derecho
