Como consecuencia un accidente en la casa de nuestro vecino en la planta superior, la vivienda sufrió una grave inundación, llegando a acumularse entre 15 y 20 centímetros de agua en su interior. Los daños ocasionados han sido de gran magnitud, afectando no solo a nuestra vivienda sino también a otras colindantes, llegando incluso a provocar desperfectos en el piso inferior y en otra vivienda cercana. Entre los daños sufridos se encuentran la caída de techos, deterioro de paredes, puertas y pintura, así como la destrucción o inutilización de mobiliario, camas, armarios y otros elementos de la vivienda.
Tras comunicar el siniestro, se personó un primer perito que inspeccionó detalladamente los daños y que, según la impresión transmitida durante su visita, parecía reconocer la gravedad de la situación y la necesidad de acometer una reparación integral de la vivienda, así como la sustitución de los bienes afectados.
Sin embargo, posteriormente se nos comunicó el rechazo de la solicitud de cobertura, alegando, según se nos indicó, que el importe de los daños resultaba elevado. Esta decisión nos causó una gran sorpresa dada la evidente magnitud de los desperfectos existentes.
Tras numerosas llamadas y gestiones por nuestra parte para obtener una revisión del expediente, se envió un segundo perito. Durante esta segunda inspección se produjeron situaciones que consideramos impropias y poco profesionales. Además de realizar valoraciones personales ajenas a la función pericial, relacionadas con la decoración de la vivienda o con posibles reformas realizadas en el pasado, llegó incluso a indicar a mi padre que abandonara el domicilio mientras realizaba su trabajo, manifestando que no necesitaba su presencia para desarrollar la inspección.
Asimismo, este segundo perito sostuvo que numerosos elementos dañados no requerían sustitución ni reparación, minimizando daños evidentes y argumentando en algunos casos que determinadas actuaciones suponían demasiado trabajo, como ocurre con diversos muebles empotrados gravemente afectados por el agua.
Ante las discrepancias existentes entre ambas valoraciones, mi hermano contactó con su entidad para solicitar copia de los informes o actas periciales emitidos por ambos peritos, con el fin de conocer con exactitud qué daños se consideran cubiertos y cuáles no. En un primer momento se nos indicó telefónicamente que dicha documentación sería facilitada. No obstante, en una llamada posterior se nos comunicó que esos informes no se envían a los asegurados y que la información recibida anteriormente era incorrecta.
A fecha de hoy, ha transcurrido aproximadamente un mes desde la ocurrencia del siniestro sin que dispongamos de una resolución clara, sin haber recibido la documentación solicitada y sin que se haya iniciado actuación alguna para reparar los graves daños existentes en la vivienda. Esta situación está generando una importante incertidumbre y un perjuicio continuado para los afectados.
Por todo lo expuesto, solicitamos:
Que se nos facilite por escrito información detallada sobre el estado actual del expediente de siniestro.
Que se nos informe de manera clara y motivada sobre los daños aceptados y rechazados, así como de los criterios utilizados para dicha valoración.
Que se nos facilite acceso a la documentación pericial que sustenta la decisión adoptada o, en su defecto, se nos indique expresamente la causa legal por la que se deniega dicho acceso.
Que se revise la actuación desarrollada durante la segunda inspección pericial, dado el trato recibido y las circunstancias anteriormente descritas.
Que se adopte una resolución urgente sobre este expediente, teniendo en cuenta la gravedad de los daños sufridos y el tiempo transcurrido sin solución.
