EXPOSICIÓN DE HECHOS
Por medio de la presente deseamos poner en conocimiento de esta organización una serie de prácticas relacionadas con la contratación de micropréstamos que, a nuestro entender, merecen ser revisadas desde la perspectiva de la protección de los consumidores.
La presente comunicación no se limita a una única operación concreta. Recoge información, documentación y experiencias acumuladas durante varios años de contratación de productos de financiación de corto plazo, así como información compartida por otros consumidores que han manifestado preocupaciones similares respecto al funcionamiento de estos productos.
De acuerdo con la documentación analizada hasta la fecha, se observa un patrón recurrente basado en dos elementos principales:
1. La contratación sucesiva o encadenada de nuevos préstamos para atender obligaciones derivadas de operaciones anteriores.
2. La utilización reiterada de prórrogas o ampliaciones de plazo que generan costes adicionales sin reducción efectiva del capital principal pendiente.
En diversas operaciones analizadas, los consumidores han soportado costes acumulados significativos derivados de extensiones, aplazamientos o nuevas contrataciones de crédito, llegando en algunos casos a abonar cantidades relevantes sin que ello supusiera una reducción proporcional de la carga económica total soportada.
Resulta especialmente relevante que la propia entidad haya confirmado por escrito que los importes abonados en concepto de prórroga no se destinan a amortizar el capital principal pendiente, sino exclusivamente a ampliar el plazo de devolución.
Como consecuencia de ello, un consumidor puede llegar a realizar pagos durante períodos prolongados de tiempo sin reducir el importe principal adeudado, manteniéndose la deuda original mientras se generan costes adicionales asociados a sucesivas ampliaciones de plazo.
Asimismo, se han identificado situaciones en las que determinados consumidores, tras devolver un préstamo junto con sus costes asociados, se ven obligados a solicitar un nuevo préstamo para hacer frente a necesidades de liquidez inmediatas, generándose una sucesión de operaciones que incrementa progresivamente la carga económica soportada.
A nuestro entender, estas circunstancias merecen una revisión detallada desde la óptica de la transparencia contractual, la proporcionalidad de los costes soportados por el consumidor y la adecuación de estas prácticas a los principios de protección de los usuarios de servicios financieros.
La documentación recopilada hasta la fecha sugiere que los hechos expuestos podrían exceder el ámbito de una única relación contractual individual, razón por la cual consideramos oportuno ponerlos en conocimiento de esta organización para su valoración independiente.
Como ejemplo reciente, la entidad remitió una comunicación ofreciendo distintas alternativas al consumidor, entre ellas prórrogas de 7, 14, 21 y 30 días con costes adicionales asociados. Posteriormente, la propia entidad confirmó por escrito que dichos importes no se destinan a amortizar capital, sino únicamente a ampliar el plazo de pago. Consideramos que esta circunstancia merece ser valorada desde la perspectiva de la comprensión real que tiene el consumidor sobre las consecuencias económicas acumuladas de dichas operaciones.
Asimismo, durante el proceso de reclamación se han recibido comunicaciones automatizadas en horarios nocturnos, incluyendo mensajes remitidos de madrugada, circunstancia que genera una percepción de presión innecesaria y resulta poco acorde con los estándares de atención al consumidor que cabría esperar.
Por esto, consideramos especialmente relevante que estas prácticas puedan tener un impacto significativo sobre consumidores en situación de vulnerabilidad económica o financiera, que pueden carecer de capacidad real para liquidar la deuda de una sola vez y optar sucesivamente por mecanismos que incrementan el coste total soportado durante largos períodos de tiempo o incluso permanentes.
Por este motivo, entendemos que resulta necesario analizar no solo cada operación de forma aislada, sino también el efecto económico acumulado que determinadas prácticas pueden generar cuando se prolongan en el tiempo.
Junto con la presente comunicación se prevé aportar contratos, justificantes de pago, comunicaciones mantenidas con la entidad, ejemplos anonimizados de operaciones, cronologías de contratación y demás documentación que permita analizar objetivamente los hechos expuestos.
La presente comunicación ha sido elaborada tras el análisis de la documentación disponible y con conocimiento de profesionales del ámbito económico y jurídico familiarizados con la materia objeto de la reclamación.
Quedamos a disposición de esa organización para ampliar cualquier información que resulte necesaria.
Atentamente,
Economista,
Auditor de Cuentas (ROAC)
Conciliador Mercantil
