Llevo semanas atrapado en un despropósito burocrático que roza el esperpento, y necesito dejarlo por escrito para que quede constancia de hasta dónde puede llegar la incompetencia de un organismo público cuando, además, sale rentable.
El caso: una muestra de 2 gramos de un extracto botánico, completamente legal en España, de venta abierta bajo la etiqueta de "producto de colección" en numerosos comercios. Un envío internacional trivial, sin nada extraordinario. Correos Aduanas, sin embargo, ha convertido este trámite en un vía crucis administrativo de manual.
Primero, una semana de silencio absoluto para "revisar" la documentación. Al cabo de esa semana, rechazo. ¿El motivo? Exigían que declarase el contenido como "alimentos de origen no animal" — una categoría que no tiene absolutamente nada que ver con la naturaleza real del producto, algo que dejé claro desde el minuto uno. No importó. La documentación no avanzaba si no me plegaba a su criterio, así que, contra toda lógica y contra mi propio juicio, acabé declarando algo que sabía que no era cierto, únicamente porque el sistema no dejaba otra salida.
¿Y saben qué pasó después? Que esa clasificación impuesta por ellos mismos disparó una inspección paraduanera. Y esa inspección, cómo no, generó una factura. 57,08 € por gestionar una muestra valorada en 5 €. Once veces el valor de la mercancía, en concepto de "gestión" de un problema que ellos mismos crearon al obligarme a declarar algo falso.
No es incompetencia aislada, es un patrón: te fuerzan a una categorización absurda, esa categorización activa un procedimiento que no debería existir, y las consecuencias económicas de ese procedimiento las paga el consumidor, no quien lo diseñó ni quien lo impuso. Si esto no es un modelo de negocio parasitario disfrazado de trámite administrativo, que alguien me explique qué otro nombre merece.
Lo más indignante no es solo el dinero — es la absoluta indefensión del usuario ante un sistema que no da alternativas, que no responde con claridad, que tarda semanas para, al final, pedirte que mientas en una declaración jurada bajo su propia insistencia. Y luego, sin ningún pudor, te presentan la factura de las consecuencias de su propia exigencia.
Escribo esto para que quede constancia pública de cómo un trámite trivial puede convertirse, gracias a la ineptitud (o algo peor) de un organismo estatal, en una fuente de gastos completamente injustificados para el ciudadano de a pie. Si alguien más está pasando por algo parecido, que sepa que no está solo, y que este tipo de prácticas merecen mucha más luz de la que actualmente reciben.
