El 14 de marzo de 2024 contraté con Iberdrola una tarifa de cuota fija para mi local comercial de aproximadamente 150m² dedicado a la enseñanza. En el momento de la contratación, la comercial me presentó el llamado “Plan Estable” como una opción segura y previsible, pero en ningún momento se me explicó de forma clara y transparente cómo podía evolucionar esa cuota ni las consecuencias reales de las regularizaciones posteriores.
Comencé pagando 143 € al mes con las siguientes condiciones:
Término de Potencia Punta: 44,015050 €/kW y año
Término de Potencia Valle: 13,394649 €/kW y año
Término de Energía: 0,210814 €/kWh
Mi actividad es la de una pequeña academia. El consumo eléctrico de mi negocio es perfectamente razonable y estable: 24 luces LED, un cartel luminoso LED, un aire split pequeño y un aire centralizado que únicamente se utiliza en horario de tarde de lunes a viernes durante los meses más cálidos (junio, julio, septiembre y octubre).
A pesar de ello, cada pocos meses la cuota fue aumentando progresivamente hasta alcanzar 180 € mensuales en enero de 2026. Sin previo aviso real ni información clara durante el año, en abril de 2026 recibo una comunicación donde se me informa de una “regularización” de 629,67 €, cantidad que además pretenden fraccionar automáticamente elevando mi cuota hasta 272 € mensuales.
Como pequeña empresaria autónoma, considero absolutamente abusivo que una compañía eléctrica aplique una subida de esta magnitud sin haber realizado advertencias claras y periódicas durante el año sobre el desfase que se estaba generando. El sistema de cuota fija crea una falsa sensación de estabilidad mientras la deuda se acumula silenciosamente.
Lo más indignante es que mi consumo no ha sufrido cambios drásticos. No estamos hablando de una nave industrial ni de un negocio con maquinaria pesada. Estamos hablando de una academia con un consumo moderado y predecible.
Ante esta situación decidí cambiarme a Repsol, precisamente porque su tarifa no contempla este tipo de regularizaciones poco transparentes. Sin embargo, ahora Iberdrola sigue reclamándome dos nuevas facturas de 530,18 € y 73 €, y ni siquiera puedo acceder correctamente al detalle de la última factura para entender a qué corresponde, teniendo en cuenta que el periodo desde la emisión hasta el cambio de compañía fue aproximadamente de una semana y media.
Solicito:
Una explicación detallada y comprensible de cada uno de los importes reclamados.
El acceso inmediato a la última factura y su desglose completo.
La revisión de la regularización aplicada por considerar que hubo falta de transparencia comercial en la contratación y ausencia de avisos proporcionales durante el año.
Que se revise si las condiciones de comercialización del producto fueron correctamente explicadas conforme a la normativa de protección al consumidor.
Sinceramente, considero que este tipo de prácticas perjudican especialmente a pequeños negocios y autónomos, que confiamos en la información proporcionada por las compañías eléctricas para poder planificar nuestros gastos. Lo que inicialmente parecía una tarifa “estable” ha terminado convirtiéndose en un sistema imprevisible y económicamente asfixiante.
Quedo a la espera de una respuesta formal y documentada.
