Buenas dias, Me dirijo a la empresa BUDDDIFIT para comunicar que en el día de ayer, 10 de junio de 2026, se ha efectuado en mi cuenta un cobro de 59,99 € correspondiente a la renovación de una suscripción a su servicio que no he solicitado ni autorizado . No he recibido ninguna notificación previa por correo electrónico ni por otro canal efectivo que me informara de la renovación automática, lo cual considero una práctica abusiva, esta práctica no cumple con la normativa vigente en materia de protección al consumidor. De acuerdo con lo establecido en: - Ley 3/2014, de 27 de marzo, que modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (RDL 1/2007), en su artículo 97.1, letra l), relativo a la obligación de información y consentimiento previo para cargos periódicos. - Artículos 102 y siguientes del mismo texto legal, que reconocen el derecho de desistimiento y la prohibición de cobros por servicios no aceptados expresamente. - Artículo 1.255 del Código Civil, que establece que las condiciones de un contrato no pueden imponerse unilateralmente sin el consentimiento de ambas partes. Además, me encuentro dentro del plazo legal de 14 días para ejercer mi derecho de desistimiento, según el artículo 102 del RDL 1/2007. Además, he intentado dar de baja mi suscripción al momento y me ha sido imposible a través de las vías que exponéis en vuestra web. La suscripción no aparece activa en mi app store, en mi cuenta de la aplicación buddyfit sólo se informa acerca del periodo de renovación sin dar la opción a cancelación, y el enlace que ofrecéis por si el registro fue a través de red social me redirige a otra página no relacionada con Buddyfit y por supuesto a la que no puedo acceder ni mucho menos cancelar la suscripción. Por todo ello, solicito la devolución íntegra e inmediata del importe cobrado de forma indebida y la cancelación definitiva de cualquier renovación automática asociada a mi cuenta. En caso de no recibir una solución satisfactoria, me reservo el derecho de acudir a las autoridades competentes en materia de consumo y protección de datos.
