Contraté hace aproximadamente tres o cuatro años un servicio de asistencia legal y gestión de multas con DVUELTA ASISTENCIA LEGAL, S.L.
En diciembre de 2025 comuniqué expresamente por correo electrónico mi voluntad de darme de baja y de no renovar el servicio. Esta comunicación se realizó con suficiente antelación respecto de la siguiente renovación y puedo aportar copia del correo electrónico enviado como justificante.
A pesar de haber solicitado la cancelación, el día 10 de julio de 2026 DVUELTA cargó en mi tarjeta bancaria un importe de 296,09 €, correspondiente aparentemente a una nueva anualidad del servicio.
No he solicitado esta renovación, no he prestado un nuevo consentimiento para que se efectúe dicho cobro y había manifestado de forma inequívoca mi voluntad de finalizar la relación contractual desde diciembre de 2025.
Desde que detecté el cargo he intentado resolver el problema directamente con la empresa, pero no he recibido una solución efectiva. En lugar de proceder a la devolución y confirmar la baja, están demorando la gestión y dándome respuestas evasivas, sin justificar por qué ignoraron mi solicitud de cancelación.
Considero que el cargo es improcedente, dado que la baja fue comunicada expresamente y con varios meses de antelación. El artículo 62 del Real Decreto Legislativo 1/2007 establece que debe quedar clara la voluntad del consumidor de poner fin al contrato y prohíbe establecer obstáculos desproporcionados para cancelar contratos de prestación continuada. Asimismo, el consumidor no debe quedar obligado a pagar cantidades correspondientes a servicios que no ha solicitado o que no han sido efectivamente prestados.
Por todo ello, solicito:
La devolución íntegra e inmediata de los 296,09 € cobrados el 10 de julio de 2026, mediante el mismo medio de pago utilizado para efectuar el cargo.
La confirmación por escrito de que el contrato está definitivamente cancelado y que la baja solicitada en diciembre de 2025 ha sido correctamente tramitada.
La confirmación de que no existe ninguna deuda, permanencia, renovación o cantidad pendiente asociada al contrato.
La cancelación de cualquier autorización de pago recurrente vinculada a mi tarjeta y la garantía de que no se realizarán nuevos cargos.
El cese de las comunicaciones destinadas a reclamar o justificar el pago de una renovación que había sido expresamente cancelada.
Solicito que la empresa resuelva la reclamación y efectúe la devolución en un plazo máximo de 14 días naturales.
