Solicité un servicio urgente de fontanería durante la madrugada de un domingo porque había una avería en una ducha y el agua caliente no dejaba de salir, con riesgo de causar daños en la vivienda.
Antes de enviar al técnico, la empresa no informó de manera clara del coste del desplazamiento, del suplemento por nocturnidad, de posibles importes mínimos ni de ninguna tarifa aproximada. El precio solo fue comunicado cuando el técnico ya se encontraba en el domicilio, en plena situación de urgencia y con muy poco margen real para rechazar el servicio o buscar otra alternativa.
Una vez allí, se comunicó un presupuesto de reparación superior a 1.000 €, concretamente 1.188 €, que incluía conceptos como nocturnidad, desplazamiento urgente, localización de avería y mano de obra adicional. Ese importe fue rechazado por resultar totalmente inesperado, desproporcionado e injustificable para una avería doméstica de este tipo.
Finalmente, no se realizó ninguna reparación. La actuación efectiva consistió únicamente en cerrar la llave general del agua para detener la salida de agua. A pesar de ello, la empresa cobró 506 €, correspondientes solo a “nocturnidad” y “desplazamiento urgente”.
Considero inaceptable este comportamiento porque no se informó del precio antes del desplazamiento del técnico y porque el importe facturado resulta claramente desproporcionado respecto a la actuación realmente realizada. Además, el cobro se produjo en un contexto de urgencia, de madrugada, cuando el cliente se encontraba en una situación de presión evidente, sin una alternativa razonable inmediata, siendo extranjero y sin dominar bien el idioma, lo que aumentaba aún más su situación de vulnerabilidad.
No se cuestiona que el técnico se desplazara al domicilio, sino la falta de transparencia previa, la ausencia de una información clara sobre el coste real del servicio y el importe excesivo exigido por una intervención mínima. Cobrar 506 € por acudir al domicilio y cerrar una llave de paso, sin haber informado previamente del coste, me parece una práctica abusiva y oportunista.
Después de lo ocurrido, se presentó una reclamación formal a la empresa solicitando la revisión de la factura y una devolución parcial del importe cobrado en exceso, precisamente por la falta de información previa y por la desproporción entre el servicio prestado y el precio final.
Desde entonces, la empresa no ha vuelto a responder ni por teléfono ni por correo electrónico, impidiendo resolver la situación de forma directa y amistosa y demostrando una falta total de responsabilidad después de haber cobrado una cantidad tan elevada por una intervención mínima.
