A finales de 2023 compré e instalé en mi vivienda un sistema de climatización Airzone. El sistema se comercializaba con control remoto desde la aplicación Airzone Cloud: encendido, apagado y ajuste de temperatura desde cualquier lugar. Esa función fue determinante en mi decisión de compra y la he usado con normalidad desde la instalación.
Desde octubre de 2026, Airzone condiciona el control remoto a la contratación del “Plan Airzone Cloud”, con un coste de 48 € al año. Sin ese pago, fuera de casa solo puedo consultar el estado del sistema, pero no actuar sobre él.
Considero que esto vulnera mis derechos por tres motivos:
Falta de conformidad dentro de la garantía legal. El equipo se compró después de 2022 y está dentro de los tres años de garantía. Según el TRLGDCU, el bien debe tener las funciones que el consumidor puede razonablemente esperar, incluidas las que aparecen en la publicidad del fabricante. Retirar el control remoto convierte el producto en no conforme, y los remedios legales son gratuitos.
La modificación no puede suponer un coste para el consumidor. Aunque el servicio de la aplicación se considere independiente, la normativa sobre servicios digitales solo permite modificarlo si no conlleva un coste adicional para el consumidor. Cobrar una cuota por mantener una función que ya existía es justo lo contrario.
Práctica comercial desleal. Se vendió el sistema con una función que, menos de dos años después, se bloquea para revenderla como suscripción. No hay ninguna causa técnica: el servicio sigue funcionando para quien paga.
Solicito la mediación de la OCU para que Airzone restablezca gratis y de forma permanente el control remoto de mi instalación. Si no lo hace, que se apliquen los remedios legales que me corresponden: rebaja proporcional del precio
Atentamente,
Héctor Mayor
