El 8 de agosto mediante una llamada telefónica de una persona que se presentó como agente comercial de la comercializadora Brisa Luz, fui víctima de un contrato realizado de forma dudosa.
La llamada comenzó diciendo que mi comercializadora no me correspondía por el código postal y que por ello se me está cobrando de más (tasa de peaje). En varias ocasiones expresé que no quería cambiar de compañía y él insistía en que no era un cambio de compañía, que solo de comercializadora.
El agente comercial no se reconoce como de Factor Energía, me aporta todos mis datos personales incluidas las cuentas del banco en su totalidad (es decir, el IBAN al completo, cosa que me alarma), no me informa de la permanencia, ni de la contratación de servicios adicionales ni de que en la grabación se va a preguntar para realizar la contratación inmediata y tampoco del rechazo al periodo legal de desistimiento de contrato de 14 días.
La contratación con Factor Energía se ha realizado mediante mentiras.
Procedo a llamar a mi compañía (Naturgy) al cabo de unos días, ellos me informan que se ha procedido a dar de baja mis contratos con ellos y me dicen que he sido víctima de un engaño.
Les solicito que recuperen mis contratos ya que estoy dentro del plazo de los 14 días legales de desistimiento.
Factor energía me reclama la penalización por la permanencia.
Desde el momento de regresar a Naturgy he estado recibiendo llamadas telefónicas continuas con amenazas del corte de suministro, amenazas para pagar la penalización, llamadas haciéndose pasar por mi compañía, por Iberdrola, por departamentos legales, etc. En un día hasta 12 llamadas.
Solicito lean el archivo adjunto con la descripción al completo de lo sucedido y den respuesta al mismo. Dicho escrito se envió al correo electrónico de atención al cliente de Factor Energía y también a otro correo electrónico para las reclamaciones que consta en su web el 2 de septiembre.
A día de hoy 15/09/2025 no tengo respuesta por parte de dicha empresa a mi escrito, pero sí han emitido una factura con la penalización de unos productos que se han contratado de manera ilegítima.
