Me dirijo a ustedes para presentar una reclamación formal por la gestión profesional realizada en mi expediente, así como por el grave perjuicio directo y cuantificable que dicha actuación me ha ocasionado.
Mi disconformidad no se limita al contenido de la reclamación presentada en mi nombre, sino que afecta a la totalidad de la prestación del servicio contratado, desde la elaboración del informe pericial y la estrategia adoptada para la defensa de mi caso hasta la
atención recibida cuando intenté corregir los errores detectados. Como consecuencia de esta actuación, mi reclamación ha sido desestimada de forma definitiva en vía administrativa, cerrándose cualquier posibilidad de defensa en dicha instancia y
obligándome a acudir a la vía judicial, con el consiguiente incremento de costes,
complejidad y perjuicio procesal evitable.
Uno de los aspectos más relevantes del caso es que en ningún momento se realizó una valoración profesional directa, personalizada o presencial de mi situación. Para la elaboración de un informe pericial de esta relevancia no se llevó a cabo entrevista, exploración ni evaluación directa alguna. El trabajo realizado se limitó a una reproducción
de la documentación aportada por mí, sin análisis técnico propio ni valoración
individualizada. Considero incompatible con la naturaleza de un informe pericial que este se haya emitido sin valoración directa y sin aportación de criterio técnico independiente.
Cuando posteriormente advertí deficiencias sustanciales en el informe y solicité la elaboración de uno nuevo que reflejara adecuadamente mi situación, la respuesta fue una negativa absoluta no motivada técnicamente. Más grave aún resulta que, pese a haber solicitado reiteradamente una explicación, no se me ha facilitado justificación técnica,
profesional ni escrita alguna, permaneciendo más de un mes sin respuesta, en una situación de indefensión material pese a haber abonado íntegramente el servicio.
A esta situación se suma la actuación del departamento de atención al cliente, cuya
respuesta consistió en minimizar los hechos, restarles gravedad y cuestionar la
fundamentación de mis quejas, sin análisis objetivo del expediente. Esta actuación revela una falta de diligencia profesional en la gestión de incidencias, especialmente teniendo en cuenta que el resultado final ha sido la desestimación de la reclamación.
La necesidad de presentar múltiples subsanaciones evidencia una ausencia de control de calidad, planificación y rigor técnico en la elaboración inicial del expediente, generando un efecto acumulativo negativo en la valoración administrativa del caso.
Durante toda la tramitación se ha producido una falta continuada de información, seguimiento y comunicación adecuada, viéndome obligada a contactar reiteradamente para conocer el estado del expediente sin recibir respuestas claras ni actualizaciones completas. Esta situación generó una incertidumbre constante incompatible con la
relevancia del procedimiento.
Del mismo modo, el escrito definitivo fue presentado sin facilitarme previamente una copia para su revisión, privándome de la posibilidad de validarlo antes de su registro. Esta falta de control se materializa además en un error grave de identificación personal: inclusión de
un nombre incorrecto en la documentación presentada, lo que evidencia una deficiencia básica en el control documental y revisión del expediente.
Las deficiencias más relevantes afectan al planteamiento técnico del caso. La estrategia de defensa se construyó principalmente sobre cuestiones relacionadas con ansiedad,
urgencias psiquiátricas e ideación asociada, cuando el núcleo del procedimiento debía
centrarse en mi diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA), mis necesidades permanentes de apoyo y mis limitaciones estructurales.
Se priorizaron elementos clínicos no estructurales frente a limitaciones permanentes directamente vinculadas al TEA, sin otorgar el peso necesario a los criterios funcionales relevantes para la valoración administrativa del expediente.
Resulta especialmente grave que se utilizara como eje central un diagnóstico de Trastorno de Ansiedad Generalizada inexistente en mi historial médico, nunca
comunicado ni validado por mí como base estratégica del caso. Paralelamente, se ignoró un diagnóstico reconocido de rasgos límite con impacto funcional acreditado.
A ello se suma una gestión documental incompleta y técnicamente deficiente, al no incorporarse informes recientes de la Seguridad Social ni informes especializados relevantes, entre ellos el informe diagnóstico de la Fundación Quinta, así como informes psicosociales que acreditan limitaciones funcionales esenciales.
Asimismo, se omitió la versión rectificada de un informe de urgencias previamente
cuestionado, incorporando únicamente la versión inicial, lo que genera una representación parcial y distorsionada de mi situación clínica.
El impacto de esta actuación ha sido especialmente grave debido a mi condición de persona autista, para quien la previsibilidad, claridad y coherencia del procedimiento son elementos esenciales de estabilidad funcional. La falta de información, las contradicciones y la incertidumbre generaron una sobrecarga emocional y sensorial significativa, derivando en un cuadro de angustia intensa e insomnio prolongado que
requirió atención médica urgente.
Más allá del impacto inmediato, la actuación profesional descrita me ha privado de la posibilidad de obtener una resolución administrativa favorable, obligándome a iniciar un procedimiento judicial con el consiguiente incremento de carga económica, cognitiva, social y adaptativa.
Habiendo abonado la cantidad de 1.028 euros por un servicio que debía cumplir
estándares elevados de rigor técnico y profesional, considero que el resultado obtenido constituye una prestación defectuosa del servicio contratado.
Por ello, solicito formalmente una compensación económica adecuada o,
subsidiariamente, la devolución íntegra del importe abonado, en atención a las
deficiencias descritas y al perjuicio ocasionado.
Asimismo, exijo una explicación técnica, detallada y por escrito de los motivos por los que se rechazó la elaboración de un nuevo informe pericial.
Resulta especialmente preocupante que este servicio se preste en el marco de un convenio con entidades vinculadas al ámbito del autismo, sin que ello haya garantizado una adecuada comprensión técnica del TEA ni una actuación profesional acorde a sus
implicaciones funcionales.
Por todo ello, les informo de que trasladaré formalmente esta situación a Autismo Madrid y a la asociación que me recomendó sus servicios, a efectos de conocimiento y valoración
institucional.
Quedo a la espera de una respuesta motivada, completa y técnicamente fundada a todos los puntos expuestos, así como de una propuesta de compensación acorde con los daños y perjuicios ocasionados.
Atentamente,
