Mi intención era solicitar una nota simple a través de la página oficial del Registro. Realicé una búsqueda en Google y accedí al enlace que apareció entre los primeros resultados, ya que su diseño y presentación me hicieron creer que se trataba de la página oficial o de un servicio directamente vinculado a ella.
Al hacer clic en el enlace, fui dirigido directamente al formulario para introducir los datos del registro, sin pasar por la página de inicio del sitio web. Por este motivo, no llegué a ver la información relativa a la empresa que prestaba realmente el servicio, ya que dicha información únicamente se mostraba en la página principal y no en la pantalla a la que fui redirigido.
Durante el proceso se indicaba un precio aproximado de 6,99 € por la solicitud de la nota simple. Posteriormente se me solicitó una verificación de la tarjeta mediante una autorización de 0 €, que interpreté como una comprobación habitual para validar el método de pago. Sin embargo, tras autorizar dicha operación, se realizó un cargo de 41 €, importe que en ningún momento entendí que estuviera aceptando ni que aparecía de forma suficientemente clara durante el proceso.
Posteriormente investigué la empresa responsable del servicio y comprobé que se trata de Digitramit, S.L. Asimismo, pude verificar que Lluis Porcar Benedito figura como administrador de esta sociedad y también está vinculado a Smart Tramits, S.L.. Según la información pública que he podido consultar, estas empresas han recibido numerosas reclamaciones de consumidores que describen situaciones similares, relacionadas con cargos superiores a los esperados y con un proceso de contratación que, presuntamente, podría inducir a error sobre el precio final del servicio y sobre la identidad de la empresa que lo presta.
Considero que la forma en que se presenta esta página web y su proceso de contratación puede inducir a confusión a los consumidores, tanto por su apariencia como por la falta de claridad respecto a la identidad de la empresa prestadora del servicio y al importe final que finalmente se cobra. Por ello, solicito que se revise esta actuación, se valore si el proceso de contratación cumple con la normativa de protección de los consumidores y, en su caso, se adopten las medidas oportunas. Asimismo, solicito la devolución del importe de 41 €, al entender que no presté un consentimiento plenamente informado respecto al cargo realizado.
