Por medio del presente escrito, quiero poner en su conocimiento unos hechos ocurridos el 27 de mayo de 2026 en los accesos del Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, que afectan no solo a mi familia, sino potencialmente a muchos otros usuarios y viajeros que pueden verse en una situación similar.
En esa fecha, un familiar de 80 años, que conducía el vehículo en el que viajábamos tres generaciones de una misma familia, se desorientó brevemente al acceder a la zona de estacionamiento y entró por error, durante apenas unos segundos, en el carril reservado para Uber. El vehículo no obstaculizó el tráfico, no bloqueó ninguna salida, no generó riesgo apreciable para terceros y permaneció detenido menos de 10 segundos, con el motor en marcha y las luces de emergencia activadas.
Pese a ello, un agente de la Policía Local de Elche se dirigió de forma inmediata al vehículo y, lejos de limitarse a orientar al conductor o ayudarle a reincorporarse correctamente a la vía, adoptó una actitud hostil, desproporcionada y claramente sancionadora. El trato recibido fue especialmente grave porque el conductor era una persona mayor, vulnerable por edad y por la confusión propia del entorno aeroportuario, y en todo momento explicó que se trataba de un simple despiste.
Lo que hace más preocupante esta actuación no es solo el caso concreto, sino la impresión que deja de que en ese punto del aeropuerto pudiera existir una dinámica de control excesivamente punitivo o incluso recaudatorio frente a viajeros despistados, especialmente en el carril de Uber. En lugar de primar el auxilio, la información y la corrección del error, la intervención policial pareció orientada a sancionar de forma casi automática una irregularidad mínima y de escasa entidad material.
Además, durante el incidente se produjeron expresiones y comportamientos por parte del agente que considero impropios de un servicio público: tono agresivo, negativa a identificarse cuando se le pidió la placa, y comentarios humillantes hacia los viajeros. Todo ello refuerza la sensación de abuso de autoridad y de falta absoluta de espíritu de servicio.
Por todo lo anterior, solicito que esta asociación valore la posibilidad de intervenir o trasladar el asunto a los organismos competentes, ya que podría tratarse de una práctica repetida que perjudica a consumidores y usuarios en una infraestructura de uso público como es un aeropuerto. Me preocupa especialmente que personas mayores, turistas o conductores que no conocen bien el acceso puedan verse expuestos a sanciones inmediatas en lugar de recibir orientación clara y trato proporcional.
Considero, en definitiva, que existe base para investigar si en este punto concreto se está utilizando indebidamente la actuación de la Policía Local para recaudar a costa de viajeros confundidos, en vez de proteger sus derechos como usuarios y facilitar la movilidad en una instalación estratégica de transporte.
Solicito, por tanto:
• Que se admita esta reclamación y se valore su traslado o difusión entre los canales de defensa de consumidores.
• Que se estudie si existen más casos similares en el mismo acceso o carril.
• Que, en su caso, se impulsen actuaciones informativas o colectivas para proteger a los usuarios frente a prácticas abusivas o desproporcionadas.
• Que se contribuya a clarificar si la gestión de este punto del aeropuerto respeta los principios de proporcionalidad, transparencia y buena atención al usuario.
Muchas gracias de antemano, atentamente, Joaquin E. García
