Primero. Que soy propietario de una perra de raza chihuahua, de 12 años de edad, identificada con microchip número 900108001317374, que fue atendida en la clínica veterinaria Medivet Velilla (Activos Medipet Iberia SLU), CIF B88556196, sita en Avenida de la Ilustración 106, Velilla de San Antonio, 28891, en las fechas y circunstancias que se detallan a continuación.
Segundo. El sábado 18 de julio de 2026, llevé a la perra a dicha clínica porque presentaba sangrado vulvar. En la consulta se le realizó auscultación, análisis de sangre, ecografía y toma de temperatura. El veterinario diagnosticó una piometra y nos indicó que era necesario operar “lo antes posible”, fijando la intervención para el martes 21 de julio, con un presupuesto de 615,70 € que incluía la cirugía y el tratamiento asociado.
En ningún momento se nos explicó de forma concreta el porcentaje de riesgo de la operación, ni se nos informó de que, dada la edad avanzada del animal y la gravedad de la infección, existía un riesgo significativo de sepsis postoperatoria y de fallecimiento. Únicamente se nos indicó que era necesario operar cuanto antes y se prescribió antibiótico hasta la fecha de la intervención.
Tercero. El martes 21 de julio, a las 11:30 horas, entregamos a la perra en la clínica para la cirugía. A las 14:30 horas recibimos llamada del cirujano indicándonos que la operación había terminado y que “todo había salido bien para lo que tenía el animal”, sin más explicaciones sobre el estado clínico, riesgos postoperatorios ni signos de alarma que debiéramos vigilar en casa. Se nos prescribió analgésico y continuar con el antibiótico.
Ese mismo día, la perra comió, bebió y orinó con aparente normalidad, tomando la medicación pautada.
Cuarto. El miércoles 22 de julio la perra seguía en proceso de recuperación, comiendo, bebiendo y orinando con normalidad y tomando la medicación.
Quinto. El jueves 23 de julio, desde primera hora de la mañana, la perra dejó de comer y beber, y resultaba muy difícil administrarle la medicación. Por la tarde, a las 19:00 horas, la llevamos de nuevo a la clínica para revisión. La veterinaria que la atendió indicó que la cicatriz estaba bien y que la perra “seguía los pasos normales”. Le informamos expresamente de que el animal no comía ni bebía y, por tanto, no estaba tomando la medicación. Se le administró un pinchazo de analgésico y se nos recomendó comprar una lata de comida especial para perros postoperados, facturándose 33,45 €.
Pese a ello, la perra continuó sin comer, sin beber, sin hacer sus necesidades y con gran dificultad para tomar la medicación.
Sexto. El viernes 24 de julio, a las 15:00 horas, volvimos a llevar a la perra a la clínica, indicando que respiraba entrecortado y que no comía ni bebía por sí sola. Se le auscultó, se tomó la temperatura y se realizó una ecografía, informándonos el veterinario de que “todo estaba correcto” y que el motivo de no comer ni beber sería el dolor. Se cambió la medicación a un analgésico diferente.
Esa tarde la perra siguió igual, agravándose la respiración entrecortada.
Séptimo. El sábado 25 de julio, a las 11:30 horas, acudimos de nuevo a la clínica, siendo atendidos por el mismo veterinario del día anterior. Le indicamos que la perra seguía sin comer, sin beber, sin orinar y respirando mal, insistiendo en los días que llevaba sin ingerir alimento ni agua ni hacer sus necesidades. El veterinario nos dijo que “era normal” y que se debía al dolor. Tras auscultar los pulmones, nos indicó que no había complicación. Se nos recomendó comprar latas para procesos gastrointestinales y sobres de probióticos, y se le administró buscapina y un medicamento para las náuseas, facturándose 16,19 €.
Durante ese sábado, el animal no comió, no bebió y fue muy difícil administrarle la medicación. La perra mostraba signos evidentes de cansancio extremo.
Octavo. En la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de julio, sobre las 2:20 horas, la perra comenzó a mostrar síntomas de desorientación y falta de aire. La trasladamos de urgencia a otra clínica veterinaria, falleciendo en el trayecto. Al llegar a la clínica de urgencias, el veterinario nos informó de que el animal ya no respiraba y que la causa probable era una sepsis derivada de la operación realizada días antes, añadiendo que este tipo de complicación es muy habitual en animales de esa edad y con ese nivel de infección.
Este veterinario nos preguntó expresamente si en la clínica donde se realizó la operación se nos había informado de los peligros de la intervención y de que podía producirse una sepsis y la muerte del animal. Tuvimos que responder que nunca se nos había proporcionado esa información.
Finalmente, procedimos a la incineración del animal, con un coste de 180 €.
Noveno. En resumen, hemos abonado los siguientes importes:
• Cirugía de piometra y tratamiento asociado: 615,70 €.
• Revisión y tratamiento del 23 de julio: 33,45 €.
• Revisión y tratamiento del 25 de julio: 16,19 €.
• Incineración del animal: 180 €.
Además del evidente daño moral que supone la pérdida de un animal de compañía tras un proceso en el que, pese a acudir reiteradamente a la clínica y advertir de signos de alarma (varios días sin comer, beber ni orinar, respiración entrecortada, cansancio extremo), se nos transmitió que “era normal” y que se debía al dolor, sin intensificar el seguimiento ni proponer hospitalización, fluidoterapia, analíticas de control o derivación urgente.
Décimo. Considero que la actuación de la clínica veterinaria ha vulnerado mis derechos como consumidor y usuario de servicios sanitarios, en particular:
• Mi derecho a recibir una información correcta, clara y suficiente sobre el servicio contratado, sus riesgos y alternativas, que me permitiera tomar decisiones óptimas para mis intereses, conforme al artículo 8 y al artículo 60 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
• Los estándares de buena práctica profesional veterinaria, que exigen informar adecuadamente de los riesgos de una cirugía mayor en un animal geriátrico con infección grave, y reaccionar de forma proporcionada ante signos persistentes de deterioro postoperatorio.
Asimismo, entiendo que la falta de información sobre riesgos graves y la minimización sistemática de signos de alarma constituyen un funcionamiento anormal del servicio, generando una pérdida de oportunidad de evitar el fallecimiento del animal o, al menos, de decidir con pleno conocimiento de los riesgos, en línea con la doctrina jurisprudencial sobre consentimiento informado y responsabilidad sanitaria.
Primero. Que la OCU analice los hechos expuestos y valore si la actuación de la clínica veterinaria Medivet Velilla (Activos Medipet Iberia SLU), CIF B88556196, vulnera la normativa de defensa de consumidores y usuarios, en particular en materia de información previa al contrato y protección de los legítimos intereses económicos y morales del consumidor.
Segundo. Que, en caso de apreciar dicha vulneración, la OCU me asesore y apoye en la formulación de las reclamaciones oportunas frente a la clínica, incluyendo:
• La devolución total o parcial de las cantidades abonadas por la cirugía y las sucesivas consultas y tratamientos, en atención al resultado lesivo y al funcionamiento anormal del servicio.
• La reclamación de una indemnización por el daño moral y la pérdida de oportunidad derivada de la muerte del animal tras una intervención cuyos riesgos graves no fueron adecuadamente explicados.
Tercero. Que, en su caso, la OCU valore la posibilidad de dirigirse a la clínica veterinaria o a los organismos competentes en materia de consumo y de ordenación profesional veterinaria, a fin de que se revisen las prácticas informativas y de seguimiento postoperatorio descritas, en beneficio de los consumidores y usuarios de servicios veterinarios.
