El pasado mes de junio adquirí una Bomba para piscinas VPlus de 1 cv a la empresa JARPIS S.L. (que opera comercialmente como Piscina y Spa) por un importe de 219,30 €. El producto venía defectuoso en origen y no funciona.El defecto fue notificado de forma fehaciente el 14 de junio, solo dos días después de la compra, dentro del plazo legal de desistimiento y falta de conformidad. Tras varios requerimientos, la empresa emitió una respuesta totalmente automatizada y negligente (Caso de incidencia 205506), confundiéndome con otro cliente al hacer alusión a la revisión de un "robot + cable + fuente".Además, pretenden cobrarme de forma ilegal los costes de transporte y mano de obra derivados del envío al SAT del fabricante si este determina que funciona, obligándome a asumir los portes por mensajería privada. Esta práctica vulnera directamente el artículo 118 de la LGDCU (Real Decreto Legislativo 1/2007), el cual establece la absoluta gratuidad para el consumidor en el saneamiento de productos no conformes, incluyendo los gastos de envío. Con fecha de julio, envié un correo de ultimátum y advertencia legal previa a la vía judicial que ha sido completamente ignorado por la empresa, reteniendo indebidamente mis fondos.
