Contraté al abogado Fernando Alberto Rubio Valverde en agosto del año pasado para tramitar el arraigo de mis dos hijos mayores, abonando un total de 800 euros de honorarios. Asimismo, se le abonaron 86,80 euros adicionales por una supuesta gestión de antecedentes policiales de mi hija. Todos los pagos (886,80 € en total) fueron derivados por orden del presupuesto del letrado a cuentas de terceras personas (Dª. María Romero y Dª. Maria Emilia R. Z.), negándose a emitir factura oficial.Al acceder yo misma a la plataforma Mercurio con mi certificado digital, he constatado una negligencia y mala praxis extrema en la gestión de su despacho que ponía en grave riesgo de denegación la residencia de mis hijos:Introdujeron datos de nacimiento erróneos en las solicitudes (Ecuador/Lima).Cruzaron los pasaportes de mis hijos: aportaron el documento de mi hijo en el expediente de mi hija, dejando el de mi hijo completamente vacío y sin su documentación.Ignoraron que mi hijo ya tenía un NIE asignado desde hace 5 años, pidiendo un número nuevo y duplicando su identidad, lo que bloqueó el sistema informático de la Administración.Además, su aprendiz Andrea me coaccionó en septiembre para cobrar la segunda mitad del dinero ocultándome estos graves errores que cometieron en agosto, y nos mintieron asegurando falsamente que el retraso del expediente se debía a una "denuncia policial de mis hijos". También nos cobraron 86,80 € por la cancelación de mi hija que ya estaba resuelta por ella misma meses antes, aportándome un justificante de entrada falso como si fuera la resolución terminada.He tenido que revocarle los servicios y arreglar yo misma los expedientes en Mercurio. Le otorgué un plazo formal de 5 días hábiles para el reingreso de mi dinero y se ha negado por completo.Exijo la devolución íntegra de los 886,80 euros abonados por un servicio totalmente negligente, defectuoso y ocultado bajo engaños.Mala praxis y solicitud de reembolso de honorarios
