EXPONE
Contraté los servicios de la agencia inmobiliaria InmoMurcia, con domicilio en Ceutí (Murcia) para que asumiera la gestión integral del arrendamiento de una vivienda de mi propiedad situada en La Ñora (Murcia).
En virtud del contrato suscrito, la agencia se encargó de gestionar el cobro de las rentas del alquiler, las cantidades entregadas por los arrendatarios en concepto de fianza y los importes correspondientes a los suministros de la vivienda, percibiendo por ello una remuneración mensual por sus servicios de administración.
Sin embargo, pocos meses después del inicio de la relación contractual comenzaron a producirse retrasos injustificados en la entrega de las rentas y de los importes correspondientes a los suministros que los inquilinos abonaban puntualmente a la agencia. Con el paso del tiempo, dichos pagos dejaron de serme entregados por completo, pese a que posteriormente pude comprobar, mediante la documentación facilitada por los propios arrendatarios, que estos habían cumplido escrupulosamente con todas sus obligaciones económicas desde el inicio del contrato.
Tras numerosos intentos de contactar con la responsable de la empresa, tanto por vía telefónica como mediante correos electrónicos y mensajes de WhatsApp, dejé de recibir cualquier tipo de respuesta. Esta absoluta falta de comunicación provocó un importante perjuicio económico, no solo para mí como propietario de la vivienda, sino también para los propios inquilinos, quienes tampoco obtuvieron la devolución de la fianza que habían entregado al formalizar el contrato de arrendamiento.
Ante esa situación, y con el único propósito de evitar un perjuicio mayor a los arrendatarios, me vi obligado a adelantar con recursos propios la fianza que la agencia nunca les restituyó, asumiendo una obligación que legal y contractualmente correspondía exclusivamente a la empresa gestora.
Todos estos hechos se encuentran respaldados por abundante prueba documental, entre la que se incluyen el contrato de gestión, el contrato de arrendamiento, los justificantes bancarios de los pagos efectuados por los inquilinos, conversaciones mantenidas mediante WhatsApp, correos electrónicos y demás documentación acreditativa tanto de las cantidades percibidas por la agencia como de aquellas que nunca fueron entregadas a sus legítimos destinatarios.
Con posterioridad, la propia responsable reconoció en los correos electrónicos la existencia de cantidades pendientes de regularización, iniciándose diversas conversaciones con el fin de alcanzar una solución amistosa. Con ánimo conciliador, acepté incluso reducir la cuantía inicialmente reclamada y concedí amplios plazos para facilitar el pago, sin exigir intereses ni acudir a los tribunales, con el único objetivo de resolver el conflicto de forma extrajudicial. Pese a que se realizó algún pago, los compromisos adquiridos nunca llegaron a cumplirse íntegramente.
A fecha de la presente reclamación permanece pendiente el abono de 1.872,43 euros, cantidad cuya devolución continúa siendo exigible.
FUNDAMENTOS DE LA RECLAMACIÓN
Considero que los hechos expuestos ponen de manifiesto un grave incumplimiento de las obligaciones asumidas por una empresa profesional dedicada a la intermediación inmobiliaria, al haber administrado cantidades pertenecientes tanto al propietario como a los arrendatarios sin proceder posteriormente a su correcta restitución.
Asimismo, entiendo que dicha actuación podría haber vulnerado los derechos que la normativa de protección de consumidores y usuarios reconoce en relación con la prestación diligente de servicios profesionales, la transparencia en la gestión y la correcta administración de cantidades recibidas por cuenta de terceros.
Debe destacarse igualmente que los perjuicios ocasionados no me afectaron únicamente a mí como propietario de la vivienda, sino también a los propios arrendatarios, quienes abonaron puntualmente las rentas, los suministros y la fianza exigida por la agencia sin obtener posteriormente una gestión adecuada ni la devolución de las cantidades que les correspondían.
SOLICITA
Por todo lo expuesto,
SOLICITO a la Organización de Consumidores y Usuarios:
1. Que admita la presente reclamación.
2. Que promueva un procedimiento de mediación entre las partes con el fin de lograr la restitución íntegra de las cantidades pendientes.
3. Que valore, a la vista de la documentación aportada, la posible existencia de infracciones en materia de protección de consumidores y usuarios y, en su caso, traslade los hechos a los organismos administrativos competentes.
4. Que, si existieran otras reclamaciones o incidencias similares relacionadas con la citada empresa o con su responsable, dicha circunstancia pueda ser tenida en consideración a efectos de valorar una eventual reiteración de las conductas descritas.
5. Que la presente reclamación quede incorporada a los antecedentes de esa Organización para contribuir a la protección de otros consumidores que pudieran verse afectados por hechos de naturaleza semejante.
La presente reclamación se formula con carácter estrictamente extrajudicial y constituye el último intento de alcanzar una solución amistosa antes del ejercicio de las acciones civiles y, en su caso, penales que pudieran corresponder conforme al ordenamiento jurídico.
