Mi experiencia con OPENTECA ha sido, en general, negativa.
Es cierto que me ayudaron a encontrar una hipoteca y, en ese aspecto, no tengo ninguna queja. Sin embargo, el problema surgió con el servicio de intermediación para la tasación, por el que aboné 699 €.
Antes de contratar se me indicó que el proceso tendría una duración aproximada de 5 días para concertar la visita del tasador y otros 5 días para la emisión del informe. Estos plazos fueron determinantes para decidir contratar el servicio.
Además, se trataba de una vivienda de protección pública (VPP), una operación sin especial complejidad, ya que el precio de la vivienda estaba limitado por la normativa. Precisamente por ello acepté pagar 699 €, un importe muy superior al coste habitual de una tasación de mercado, porque entendía que ese importe incluía un servicio de intermediación que aportaría un valor añadido: una gestión eficaz, un seguimiento continuo del expediente y evitar que tuviera que ocuparme personalmente de las gestiones.
La realidad fue muy distinta. La tasación sufrió un retraso de varias semanas y tuve que realizar personalmente el seguimiento del expediente, contactar directamente con la empresa tasadora y reclamar en numerosas ocasiones para intentar desbloquear la situación. Incluso se produjo un retraso adicional porque la nota simple utilizada para la tasación había caducado sin que nadie lo detectara a tiempo, siendo necesario solicitar una nueva.
Este retraso provocó el aplazamiento de la firma de la compraventa de mi vivienda y me ocasionó perjuicios económicos, entre ellos un pago adicional al vendedor y varios días más de alquiler.
Tras presentar mi reclamación, Xavi Gómez, Director de Operaciones de OPENTECA, reconoció que mi reclamación era fundada y que la gestión de la tasación no se había desarrollado correctamente. Sin embargo, pese a ese reconocimiento, la empresa se negó a realizar cualquier tipo de devolución o compensación, rechazando incluso mi propuesta de devolución parcial del 50 % del importe abonado (349,50 €).
Ante la falta de una solución amistosa, acudí a la Junta Arbitral de Consumo. Mi solicitud fue admitida a trámite; sin embargo, OPENTECA decidió no aceptar el arbitraje, por lo que el expediente fue archivado al tratarse de un procedimiento voluntario para la empresa.
Comparto mi experiencia para que otros consumidores dispongan de toda la información antes de contratar. En mi caso, considero que el servicio de intermediación para la tasación no estuvo a la altura de lo prometido y lamento que la empresa no aceptara resolver el conflicto mediante el Sistema Arbitral de Consumo, una vía gratuita, imparcial y diseñada precisamente para resolver este tipo de controversias sin necesidad de acudir a los tribunales.
