Presento reclamación contra la plataforma Yescapa, que actúa como intermediaria en el alquiler de vehículos entre particulares.
Con fecha 10 de marzo, el cliente se puso en contacto conmigo solicitando que yo cancelara la reserva, reconociendo expresamente en la conversación que se encontraba fuera de plazo según la política de cancelación aceptada por él mismo. Por mi parte, le indiqué que debía ser él quien realizara la cancelación conforme a las condiciones, con el fin de poder liberar fechas y optar a un nuevo alquiler.
El cliente decidió no cancelar, manteniendo la reserva activa, e incluso solicitó servicios adicionales, lo que evidencia que la reserva seguía vigente.
Posteriormente, el día 19, la plataforma Yescapa cancela unilateralmente la reserva alegando “fuerza mayor”, basándose en documentación aportada por el cliente, sin facilitar en ningún momento al propietario afectado ningún justificante ni prueba de dicha circunstancia, amparándose en la normativa de protección de datos.
Esta actuación permite al cliente eludir las condiciones contractuales previamente aceptadas, generando un evidente desequilibrio y una situación de perjuicio para el propietario.
La decisión ha sido adoptada de forma unilateral, sin posibilidad de contradicción ni verificación por mi parte, generando una situación de absoluta indefensión.
La cancelación se produce con escasa antelación (menos de 15 días) en temporada alta (Semana Santa), provocando un perjuicio económico directo al impedir la posibilidad de volver a alquilar el vehículo.
Adicionalmente, se han generado gastos asociados derivados de la reserva, como la contratación de servicios externos (sillas infantiles), cuyo importe ha sido asumido por el reclamante sin posibilidad de recuperación.
Asimismo, la plataforma ha eliminado o hecho inaccesibles conversaciones previas mantenidas con el cliente, que constituían prueba relevante del caso.
Al solicitar hoja de reclamaciones, la empresa indica que no dispone de ella por estar domiciliada en Francia, pese a operar en España y obtener beneficios económicos en este territorio.
La plataforma actúa como intermediaria cobrando comisión, pero rechaza cualquier tipo de responsabilidad en conflictos derivados del servicio.
Considero que existe falta de transparencia, desequilibrio contractual, posible existencia de cláusulas abusivas, así como vulneración del derecho a la información y a la defensa.
Solicito la intervención de la OCU para analizar la legalidad de estas prácticas, así como orientación sobre posibles acciones para reclamar los daños y perjuicios sufridos.
Me reservo el derecho de iniciar acciones legales y de trasladar el caso a organismos de consumo nacionales y europeos.
