Qué medidas del alquiler se prorrogan por el covid

Alquiler: qué se ha prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2022

El Gobierno ha prorrogado algunas -no todas- de las medidas sobre alquileres que llevan vigentes durante la pandemia.

La posibilidad de que los contratos de alquiler de vivienda habitual que llegan a término se prorroguen por 6 meses de modo extraordinario solo está vigente hasta el 28 de febrero de 2022. Por tanto, esta medida deja de estar en vigor a partir de esa fecha.

Tampoco se ha prorrogado más allá del 28 de febrero de 2022 la norma que permite a los inquilinos con arrendadores que sean “grandes tenedores” (persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m² ), obtener un aplazamiento o una condonación total o parcial de la renta. Todo depende ahora de la negociación entre partes, pero nos tememos que la débil posición del inquilino en estos contratos no le deje margen y más que rebajas encontrará fuertes subidas de renta apoyadas en el IPC.

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Sí se prorroga la suspensión de desahucios y también la posibilidad de que los arrendadores y propietarios soliciten una compensación por esta suspensión. Este plazo para pedir la compensación se extiende ahora hasta el 31 de octubre de 2022. Debe dirigirse a la consejería de vivienda de su comunidad autónoma. Por ejemplo, Andalucía publicó esta instrucción sobre la compensación a arrendadores.

Hasta cuándo la prórroga de desahucios por el Covid

El Gobierno ha prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2022 la posibilidad de que el inquilino afectado por un proceso de desahucio por alquiler pueda solicitar la suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento si se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva.

Modelo de contrato de alquiler de vivienda.

Esto no afecta a todos los procesos de desahucio en alquileres. De hecho, en lo que llevamos de pandemia sí se han ido dictando sentencias de desahucio (por impago o por término del plazo del alquiler, por ejemplo). Para que se aplique la suspensión es preciso que el inquilino acredite que se encuentra en una de las situaciones de vulnerabilidad económica que prevé la norma, el Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo.

Si no se acredita la situación de vulnerabilidad o si el juez estima que prevalece la vulnerabilidad del arrendador, el procedimiento de desahucio continuará.

Si se acredita la vulnerabilidad, la Administración debe buscar una solución que garantice al inquilino su acceso a una vivienda digna, tras lo cual se retomaría el proceso de desahucio de la vivienda alquilada. Ahora bien, “en todo caso”, las “medidas de suspensión que puedan aprobarse con carácter extraordinario y temporal, dejarán de surtir efecto el 30 de septiembre de 2022” (salvo que haya una enésima prórroga).

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Suspensión de desahucios por ocupación

La suspensión de desahucios hasta el 30 de septiembre de 2022 afecta también a situaciones de ocupación ilegal de viviendas. Pero no a todas. No afecta a viviendas propiedad de una persona física, si en dicho inmueble tiene su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada, sin perjuicio del número de viviendas de las que sea propietario. Tampoco si lo tiene alquilado a alguien que tiene allí su vivienda habitual.

Aquí solo se suspenden los desahucios si se dan ciertas condiciones:

- que la vivienda pertenezca a personas jurídicas o a personas físicas titulares de más de diez viviendas;

- que el ocupante acredite encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, según el criterio legal.

- que el ocupante sea persona legalmente dependiente, víctima de violencia sobre la mujer o tener a su cargo, conviviendo en la misma vivienda, alguna persona dependiente o menor de edad.

- que la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido sin intimidación o violencia sobre las personas.

- que la ocupación se haya producido antes de la entrada en vigor de la norma (23/12/2020).