Recuperar una vivienda ocupada con menores

Desalojo forzoso en casos de ocupación

Sobre el tema de la ocupación ilegal de viviendas, a nivel colectivo -social y gubernativo- padecemos de una cierta esquizofrenia. Tanto las leyes (Ley 5/2018), como el Tribunal Constitucional (por ejemplo, la STC 28/2/2019) y el Tribunal Supremo (STS 15/2/2021) reconocen los perjuicios que genera la ocupación, tanto para el interés general, como para el interés particular de arrendadores, inquilinos (que ven la oferta de alquiler reducida y los precios disparados) y de personas vulnerables que solicitan ayudas siguiendo los procedimientos establecidos. El Tribunal Constitucional ha afirmado que “el derecho a la elección de residencia no es un derecho absoluto que habilite a ocupar cualquier vivienda o espacio”.

Pero al mismo tiempo, la adopción de medidas concretas y eficaces para luchar contra la ocupación se enfrenta a múltiples obstáculos.

No basta con obtener una sentencia que decrete el desahucio de un okupa o de un inquilino que no paga la renta. Si la persona no desaloja voluntariamente, hay que pedir la ejecución de la sentencia y en muchas ocasiones esto supone pedir permiso a un juez para que autorice la entrada en domicilio para proceder al desalojo forzoso.

Cuando hay menores o personas vulnerables en el inmueble, el juez al que se solicita la autorización debe ponderar las circunstancias del caso, teniendo presente el interés superior del menor. En principio el domicilio es inviolable, de modo que esta autorización judicial para entrar en la vivienda -aunque sea ocupada- debe hacerse con todas las cautelas, para reducir al mínimo las consecuencias negativas de una irrupción en el domicilio.

Vivienda ocupada: qué hacer.

Recuperar una vivienda con menores

El Tribunal Supremo afirma que esa exigencia de ponderación de los intereses concurrentes no permite al juez paralizar indefinidamente un desalojo forzoso que trae causa de un acto administrativo firme, aparentemente legal. Porque de hacerlo estaría posibilitando la permanencia y consolidación de una situación de ilegalidad.