Sin vivienda para los jóvenes
La pinza entre altos precios en venta y en alquiler, junto con unos salarios bajos y entornos de trabajo poco estables, hace que las posibilidades de acceso a la vivienda en las grandes ciudades sean especialmente problemáticas para los jóvenes, y no solo para ellos.
Recientemente hemos publicado los resultados de dos encuestas realizadas en 2023, una a compradores y vendedores de casa y otra a inquilinos y a propietarios de vivienda alquilada o en disponibilidad de alquilar.
Se comprende que el alquiler no es una opción deseada para la gran mayoría. Un 79% de los inquilinos actuales aspiran a vivir en una casa de su propiedad de aquí a cinco años, aunque solo un 42% cree que lo logrará. Todos los indicadores estadísticos muestran que los hogares en alquiler tienen menos recursos y padecen más problemas de vivienda que los que son propietarios: ingresos netos mensuales, mayor porcentaje de hogares en situación económica difícil o muy difícil, tamaño de la vivienda, ruidos, escasez de luz natural, sobreocupación, incremento del subarriendo de habitaciones, etc.
Y, sin embargo, el joven que puede vivir hoy en una casa alquilada es casi un privilegiado. Muchos tienen que compartir piso o alquilar una habitación. O seguir en el domicilio familiar.
Podcast sobre el informe de vivienda en alquiler.
Los precios de la vivienda no son sostenibles
Lo peor es que las perspectivas de futuro no son halagüeñas. No es sencillo acumular ahorro para poder pagar una entrada en la compra, ni ganar lo suficiente para que la cuota de la hipoteca te deje margen para otros muchos gastos. Muchos padres han ayudado a sus hijos a independizarse pero no todos pueden hacerlo.
Esta situación no puede durar eternamente. No va a durar eternamente. Las jóvenes generaciones no siempre van a estar calladas. Debe corregirse el desequilibrio entre los ingresos y el coste nada razonable de la vivienda.
Las soluciones no son sencillas. El problema es común en muchas grandes ciudades del planeta y cada una trata de afrontarlo en función de su propia situación.
En España, la densidad y el reparto de la población son las que son, y el parque de vivienda es el que es, y toda solución realista debe partir de las posibilidades reales de actuación de que disponemos.
Un alquiler de pequeños propietarios
Los datos recogidos en el Informe sobre el alquiler muestran que la oferta de vivienda no está dando respuesta a una demanda que es muy pujante por efecto del empleo y el aumento poblacional y de hogares propiciado en gran medida por el saldo migratorio positivo (nacional y extranjero), que tiende a concentrarse en grandes ciudades donde se crea empleo.
La encuesta sobre el alquiler muestra que en nuestro país el 85% de los caseros son personas físicas, la mayoría de ellos propietarios de una sola vivienda en alquiler. En aras de un alquiler más asequible, es preciso que los propietarios tengan un mínimo de seguridad para que saquen más viviendas en alquiler ya que existen 3,8 millones de viviendas vacías según el INE. Un 15% de los propietarios de esas viviendas "disponibles" nos han dicho que la pondrían en alquiler si tuvieran más seguridad jurídica.
Los pequeños propietarios han trasladado en la encuesta que lo que quieren es cobrar la renta y que la vivienda no sufra daños. No existe un afán especulador generalizado: dos de cada tres caseros que son personas físicas NO suben la renta anual a sus inquilinos, en palabras de los propios inquilinos encuestados.
Inacción casi total de los poderes públicos
¿Qué están haciendo nuestros políticos para que tengamos una vivienda más asequible? El parque público de vivienda en alquiler es exiguo en España: 290.000 viviendas según el Observatorio de Vivienda y Suelo. Apenas da cobertura a un 1,6% de los hogares que habitan en nuestro país. Y nadie se preocupa por aumentar ese parque de vivienda pública: entre 2017 y 2022 se construyeron tan solo 8.211 nuevas VPO en alquiler. No se está poniendo remedio ni se impulsan adecuadamente las bolsas públicas de alquiler para atraer pisos de particulares.
En lugar de asumir la prioridad de este punto y de invertir fondos consecuentes para aumentar la oferta pública de vivienda en alquiler, se ha preferido adoptar medidas “que no tienen coste presupuestario”. ¿Cuáles?
- Permitir a quien no pueda pagar quedarse en la casa de otro particular a sus expensas, mediante la suspensión de desahucios. Es cierto que no deberíamos ver nunca a familias obligadas a tener que dejar una vivienda, pero ¿Es esto ofrecer vivienda digna a los que lo necesitan? ¿Autorizarles a ocupar una casa ajena con la bendición del Estado? ¿De verdad es la mejor solución que podemos proponer a jóvenes y menos jóvenes en cuanto al derecho a la vivienda en un Estado del siglo XXI?
- Imponer topes de precios al alquiler en las zonas llamadas de mercado tensionado. Supone poner una tirita para parar una inundación. La fuerza del agua siempre es mayor. El tope de precios puede ser una solución extraordinaria y temporal, pero nunca corregirá el desequilibrio entre oferta y demanda, sino que puede agravarlo.
Ninguna de esas dos medidas avanza en la búsqueda de una solución más definitiva. Al contrario, ambas inciden en la oferta, haciendo que los pequeños propietarios se retraigan y saquen sus viviendas del alquiler. ¿Qué persona o político entregaría su vivienda a un inquilino sabiendo que si no le pagan no podrá recuperarla en un plazo razonable? Un 44% de los inquilinos declaran haberse sentido discriminados por motivos económicos.
También hay medidas con coste presupuestario, como las ayudas al pago de la renta para determinados colectivos. Son ayudas que -a los hechos nos remitimos- no están logrando el efecto deseado porque los precios siguen subiendo y cada día es más difícil encontrar casa en alquiler. Las ayudas deberían repensarse y reorientarse, concentrarse en aquellas personas que realmente necesiten un apoyo para alojarse de manera digna. Potenciar los servicios sociales y el parque público para quienes se ven expulsados de la dinámica del mercado.
Agilizar trámites para reformar y construir
Junto a lo anterior, es preciso dotar a las ciudades de procesos de urbanización mucho más ágiles, y no hablamos solo de nueva construcción, sino de rehabilitación, cambios de uso, transformación de locales y oficinas en vivienda, etc. Buena parte del sobrecoste de la vivienda viene de una especulación sobre el suelo (propiciada muchas veces por la propia Administración) y de unos sistemas de transformación urbanística arcaicos, lentos e inseguros, que bloquean el desarrollo necesario para dar respuesta a las necesidades de vivienda actuales y futuras.
Es hora de arremangarse y buscar soluciones eficaces para facilitar el acceso a una vivienda digna.
El Estado -financiado con los impuestos de todos- tiene la obligación de ayudar a aquellos que no pueden procurarse una vivienda. Y tendrá que destinar los recursos necesarios. Pero no puede pretender escurrir el bulto y hacerlo a costa de cerrar el acceso a la vivienda para el 90% de inquilinos que sí podrían pagar una renta si esta fuera razonable.
Una Administración creíble podría decir lo siguiente: "desde hoy asignamos los recursos necesarios para una ampliación del parque público de vivienda en alquiler con este plan concreto y este calendario detallado; en los tres años necesarios, como medida extraordinaria y estrictamente temporal vamos a imponer un tope de precios en determinadas zonas". Los propietarios encuestados no se oponen mayoritariamente a esa medida, pero dejan claro que la situación del alquiler no cambiará hasta que exista un amplio parque de vivienda pública en alquiler (84% de encuestados) y que debería haber más incentivos al propietario que ponga su vivienda en alquiler (89%).