¿Se excluirán del mercado las viviendas poco eficientes?

¿Impedir el alquiler de viviendas poco eficientes?

El certificado de eficiencia energética de las viviendas nació en España con una finalidad informativa y poca transcendencia práctica. En un primer momento pareció ser un nuevo requisito y gasto necesario previo a la venta o puesta en alquiler de una vivienda, que apenas importaba a las partes. También por el hecho de que una buena parte de las viviendas examinadas ofrecían una etiqueta energética muy pobre.

En la práctica eran pocos los compradores de viviendas usadas o los inquilinos que veían en la etiqueta energética un criterio claro para decidir una compra o un alquiler. Pero esto ha ido cambiando, en parte por la importancia creciente de los gastos de energía de las viviendas, como por la mayor conciencia social sobre la contaminación y el uso de recursos y por los progresivos cambios legales.

Desde hace un tiempo, la eficiencia energética sí importa a efectos de la obtención de subvenciones. Un requisito para optar a ayudas para mejorar la eficiencia energética es que el resultado de dichas reformas llevadas a cabo se refleje en un cambio de etiqueta energética.

Deducciones en IRPF para obras de eficiencia energética.

Los compradores y los inquilinos sí miran ahora con más detalle aspectos como el sistema de calefacción, los aislamientos y las ventanas, por ejemplo. Si no basan en ello sus decisiones de compra -debido en ocasiones a la falta de oferta suficiente- sí lo tienen en cuenta a la hora de prever mayores gastos en suministros o futuras reformas en la vivienda comprada.

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Ayudas para calefacción y reformas.

Hacia una imposición de trabas para las viviendas menos eficientes

Francia ha dado otro paso más hacia la búsqueda de mayor eficiencia energética en los edificios. Allí rige el llamado DPE o "diagnostic de performance énergétique". Los inmuebles con las calificaciones más bajas (F o G) son objeto de medidas progresivas que restringen la capacidad de sus propietarios. Medidas que van desde la congelación prevista para las rentas de alquiler hasta su posterior exclusión incluso del mercado del alquiler. Para ello, el país vecino ha revisado la metodología de cálculo de la eficiencia energética, para hacerla más homogénea y comprensible.

Así, desde el 1 de enero de 2023 en Francia las viviendas que consuman más de 450 kWh de energía final por m² y año, serán consideradas viviendas no aptas para el alquiler. En 2025 tendrán esa consideración las casas con calificación energética de G; en 2028 serán las F las que quedarán fuera del mercado y en 2034 las calificadas con la letra E.

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En España supondría la exclusión potencial del mercado de 900.000 viviendas

Si el mismo criterio se aplicara a España, con los últimos datos publicados por el IDAE (de 2020), en 2025 quedarían potencialmente fuera del mercado de alquiler 903.323 viviendas usadas que tienen calificación energética de letra “G”.

En Cataluña tiene etiqueta “G” casi el 22% de las viviendas usadas de las que se dispone de calificación energética (249.000); en la Comunidad Valenciana son el 21,7%, en Andalucía son el 19,7% y en la Comunidad de Madrid el 18,3%.

La calificación mayoritaria es la letra “E”, que supone más del 50% en Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, y el 49% en la Comunidad de Madrid.

Es claro que la eficiencia energética de las viviendas y los edificios es una cuestión crucial. Los propietarios deben tenerlo en cuenta a la hora de prever posibles reformas, aprovechando las subvenciones y deducciones existentes. Uno de los modos en que OCU puede ayudarle es a través de la compra colectiva de paneles solares, con garantía y a buen precio.

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