Sentencia de desahucio anulada por ocultar el domicilio
En un contrato de alquiler conviene dejar claros los modos de comunicación entre las partes, pensando en situaciones futuras de posible conflicto. El modelo de contrato de alquiler que le proponemos recoge los domicilios, teléfonos, direcciones de email y otros posibles datos que puedan añadirse.
En caso de problemas hay que saber localizar a la otra parte. En primer lugar por motivos prácticos. Y si se llega al extremo de tener que presentar una demanda, la obligación del demandante es comunicar al juzgado todos los medios de localización de la otra parte de que se tenga conocimiento.
Si alguno cambia de domicilio, por ejemplo, conviene comunicarlo a la otra parte. Si no se hace, en un hipotético proceso judicial no podrían trasladarnos la demanda, la notificación se haría por edictos y habría muchas posibilidades de que no nos enteremos y recaiga una condena en rebeldía, por no comparecer el demandado.
Ahora bien, si el demandante conoce un modo de comunicarse con el demandado y lo oculta al juzgado, aunque logre una sentencia en ausencia del demandado, se expone a que esa sentencia sea posteriormente revisada en un procedimiento extraordinario, con pérdida de tiempo y dinero. Es lo que le ocurrió a Marta cuando demandó a su inquilino solicitando el desahucio, como explicamos a continuación. Tome nota para no caer en el mismo error pensando que así la condena será más rápida y fácil.
Comunicar el contacto del inquilino en demandas de alquiler.
Escrito para reclamar al inquilino la renta debida.
Maquinación fraudulenta de la arrendadora
En septiembre de 2019 el juzgado dictó una sentencia de desahucio por impago. El arrendatario no se había presentado al proceso porque no supo de su existencia hasta que llegó la ejecución. Resultó que Marta, la arrendadora, no indicó en su demanda otro domicilio del arrendatario que este le había comunicado previamente. Solo comunicó el domicilio que figuraba en el contrato.
Sentencia de desahucio anulada por ocultar el domicilio
En un contrato de alquiler conviene dejar claros los modos de comunicación entre las partes, pensando en situaciones futuras de posible conflicto. El modelo de contrato de alquiler que le proponemos recoge los domicilios, teléfonos, direcciones de email y otros posibles datos que puedan añadirse.
En caso de problemas hay que saber localizar a la otra parte. En primer lugar por motivos prácticos. Y si se llega al extremo de tener que presentar una demanda, la obligación del demandante es comunicar al juzgado todos los medios de localización de la otra parte de que se tenga conocimiento.
Si alguno cambia de domicilio, por ejemplo, conviene comunicarlo a la otra parte. Si no se hace, en un hipotético proceso judicial no podrían trasladarnos la demanda, la notificación se haría por edictos y habría muchas posibilidades de que no nos enteremos y recaiga una condena en rebeldía, por no comparecer el demandado.
Ahora bien, si el demandante conoce un modo de comunicarse con el demandado y lo oculta al juzgado, aunque logre una sentencia en ausencia del demandado, se expone a que esa sentencia sea posteriormente revisada en un procedimiento extraordinario, con pérdida de tiempo y dinero. Es lo que le ocurrió a Marta cuando demandó a su inquilino solicitando el desahucio, como explicamos a continuación. Tome nota para no caer en el mismo error pensando que así la condena será más rápida y fácil.
Comunicar el contacto del inquilino en demandas de alquiler.
Escrito para reclamar al inquilino la renta debida.
Maquinación fraudulenta de la arrendadora
En septiembre de 2019 el juzgado dictó una sentencia de desahucio por impago. El arrendatario no se había presentado al proceso porque no supo de su existencia hasta que llegó la ejecución. Resultó que Marta, la arrendadora, no indicó en su demanda otro domicilio del arrendatario que este le había comunicado previamente. Solo comunicó el domicilio que figuraba en el contrato.
El domicilio en las notificaciones por alquiler.
Como existe el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, en todo procedimiento judicial hay que extremar las medidas para hacer posible que el demandado conozca el pleito y pueda defenderse. Tras ser condenado al desahucio, el arrendatario presentó una demanda de revisión de la sentencia, alegando que había existido maquinación fraudulenta por parte de la arrendadora. Hay maquinación fraudulenta cuando alguien ejercita una acción judicial y oculta el domicilio de la persona contra la que va dirigida, con el objetivo de que se le cite por edictos (anuncios oficiales) y se desarrolle el procedimiento en rebeldía.
Estos casos de revisión excepcional de una sentencia firme los trata el Supremo. En su sentencia de 8 de junio de 2022 el Tribunal Supremo da por probado que en el momento de presentar la demanda de desahucio contra el inquilino, la arrendadora sabía que él no residía allí y que tenía otro domicilio que había comunicado por burofax a la arrendadora.
Qué obligaciones tiene el demandante
La demandante es responsable de promover que se intente el emplazamiento personal del demandado en todos los lugares donde exista base racional suficiente para estimar que pueda hallarse la persona contra la que se dirige la demanda. Para eso, la demandante tiene que actuar con diligencia y tiene que comunicar todos los datos que posea para que el juzgado pueda localizar al demandado. No es que ella tenga que investigar dónde encontrar al demandado, pero sí tiene obligación de comunicar los datos que tenga, sin ocultarlos maliciosamente.
Si conocía el domicilio, un correo electrónico, número de teléfono, etc., donde localizar al demandado y lo oculta al juzgado, se considera que existe maquinación fraudulenta. No hace falta probar que existía una intención torticera, basta con el dato objetivo de la ocultación.
En el caso citado se estima la demanda de revisión iniciada por el arrendatario que no pudo asistir al procedimiento sobre su desahucio. La consecuencia es que las actuaciones vuelven a la casilla de salida y debe repetirse el juicio por desahucio, donde cada parte expondrá sus argumentos. Marta, la arrendadora, fue condenada a pagar las costas del proceso de revisión.
