Vivienda: una ley injusta e ineficaz

Ley de Vivienda, la carga, sobre el propietario

La solución prevista en la nueva Ley de Vivienda, vigente desde el 26 de mayo de 2023, de cargar sobre la espalda de propietarios particulares la pretendida solución del problema de acceso a la vivienda en España nos parece injusta e ineficaz.

Hay un problema de acceso a la vivienda. Los precios de venta y alquiler no están proporcionados con los ingresos medios de los hogares. Cientos de miles de jóvenes y menos jóvenes no pueden acceder a una vivienda digna. En las grandes ciudades y en las menos grandes las rentas y las cuotas de hipotecas son prohibitivas incluso para quienes juntan dos sueldos. 

Dicho esto, no es justo pedir a un propietario particular que ofrezca alojamiento gratuito a personas que puedan necesitarlo, o no. La inacción de las autoridades en lo referido a la vivienda pública hace optar a algunos por soluciones “mágicas”: que sean los propietarios quienes aporten las tan necesitadas casas.

No lo decimos nosotros. La propia web de La Moncloa dice que la Ley ofrece “Soluciones habitacionales para los afectados y, mientras estas soluciones llegan, ampliación de los plazos de suspensión de los lanzamientos”.  Muy claro: usted alojará a las personas que no puedan pagarle.

El problema es doble. No solo no se respeta el derecho básico de propiedad sino que tampoco se contribuye a solucionar el problema acuciante. Un sacrificio puntual en bien del interés general sería comprensible, siempre que estuviese convenientemente justificado e indemnizado, como una expropiación forzosa. Pero aquí se protege al okupa y, lo que es peor, no se resuelve el problema de la vivienda: se agrava.

La inmensa mayoría de los inquilinos no quiere permanecer meses y meses en una vivienda que no puede pagar. Lo que quieren es poder pagar la vivienda que necesitan para vivir. Que la renta sea asequible para su nivel de ingresos.

Retrasar la recuperación de las viviendas en casos de impago no ayuda a bajar los precios del alquiler. Al contrario. Limitar de un modo sistemático los precios de las rentas tampoco ayuda a bajar el precio del alquiler. Puede suponer un parche momentáneo pero lo que genera es reducción de la oferta y cronificación del problema.

Existen casos de flagrante necesidad a los que el Estado debe dar respuesta. Ninguna persona debe quedarse en la calle. Pero amparar legalmente casos de ocupación no es una solución: es crear problemas añadidos.

Necesitamos ya una gran dotación de vivienda pública y un adecuado dimensionamiento de los Servicios sociales. Con dotaciones presupuestarias consecuentes y compromisos cifrados de los responsables electos.

La experiencia internacional muestra que vivienda y demagogia no casan bien. Entre tanto, quienes busquen cómo rentabilizar el ahorro de su trabajo pueden ver otras opciones (como garajes o trasteros).

Los suscriptores de Fincas y casas pueden protegerse con un seguro de impago de rentas de hasta 18 meses, en condiciones beneficiosas.