Una protección injusta frente a la inflación

La necesidad de proteger al que menos tiene

Hemos encadenado varias situaciones de urgencia económica. Sin terminar de recuperarnos de la pandemia ha llegado la enorme ola de la inflación. Uno de los ámbitos que se ha pretendido proteger de manera especial, y con razón, es el de la vivienda.

Con el virus campando a sus anchas era lógico tratar de evitar que nadie se viera en la calle. Se prolongaron los alquileres de vivienda, se suspendieron los desahucios y se favorecieron rebajas o moras en el pago de las rentas. Ahora con una inflación que ya ha superado el 10% (en junio de 2022 fue del 10,2% en España) el Gobierno ha querido también limitar las subidas anuales de las rentas, para reducir el impacto de la escalada de precios en quienes viven de alquiler. Estas medidas extraordinarias se han prorrogado hasta finales de 2022.

Un Estado realmente protector

Es lógico que el Estado trate de proteger al ciudadano en situaciones en las que muchos hogares sienten en sus bolsillos los efectos de una tormenta económica de grandes dimensiones. La escalada de precios toca todos los ámbitos de gasto de las familias y las empresas. Quizá el Estado no pueda extender su paraguas protector por todas las esferas y se entiende que la vivienda sea algo prioritario.

Lo que no tiene justificación es que la protección pública a hogares vulnerables recaiga sobre las espaldas de ciudadanos concretos, que es lo que está ocurriendo. Un inquilino puede tener un problema económico coyuntural, pero no es de recibo que el Estado obligue a otro ciudadano -su casero- a costear de su bolsillo las necesidades del otro o a proporcionarle una vivienda gratuita.

Es lo que ocurre con la suspensión de desahucios sin compensación al propietario.

Poner la carga en unos pocos

El deber de solidaridad es de la sociedad en su conjunto y de cada uno en particular, a través de los impuestos. No puede entenderse como una obligación de hacer o de pagar para determinadas personas. ¿Qué lo justificaría? ¿Ser propietario de un inmueble en alquiler es motivo suficiente para soportar una carga extra impuesta por el Estado? El sistema impositivo ya contempla esa “capacidad económica” de los propietarios.

Como recuerda el Tribunal Constitucional, es responsabilidad del Estado poder ofrecer una solución habitacional digna a quien lo necesite. Los gobernantes deben favorecer la creación de un parque público de vivienda consistente, algo que han dejado abandonado desde hace décadas. También deben dotar bien a los servicios sociales, que ahora tardan meses en encontrar soluciones para quienes lo necesitan. Es injusto imponer a particulares la carga de ofrecer vivienda gratis y de pagar gastos y suministros. Y el teórico sistema de compensación previsto para arrendadores no está funcionando en la práctica.

Decididamente, es buen momento para vender casas.