Murcia aprueba medidas frente a la ocupación

Murcia aprueba medidas frente a la ocupación de viviendas

La Región de Murcia ha aprobado diversas medidas para contribuir, en su ámbito de competencias autonómicas, a evitar el fenómeno de la ocupación de viviendas. De hecho, su ley de vivienda pasa ahora a denominarse “Ley de vivienda y lucha contra la ocupación en la Región de Murcia”, al incluirse como uno de sus objetivos la lucha contra todas las formas de ocupación de la propiedad privada.

Entiende por ocupación ilegal el uso, tanto habitual como esporádico, de una vivienda sin el consentimiento de su propietario o su justo título (art. 2). Junto con las acciones que promuevan un mejor acceso a la vivienda de grupos vulnerables y la dotación de oferta adecuada de vivienda pública, la Región asume como tarea propia en el ámbito de la vivienda el impulso de la coordinación entre administraciones para impedir la ocupación y devolver las viviendas a sus legítimos propietarios de manera inmediata.

Resolver la ocupación de viviendas.

La lucha contra la ocupación tiene muchos prismas. Uno de ellos es el problema real de muchas familias para acceder a una vivienda digna, porque nunca se ha tenido o porque se pierde ante casos de insolvencia. La Administración debe atender estos casos con recursos públicos para ofrecer alternativas reales a personas vulnerables y eso para por crear un parque público de vivienda suficiente. También está el problema de quienes aprovechan estas situaciones para hacer negocio promoviendo la ocupación lucrativa. Es obvio que toda intervención pública en este ámbito debe ser coordinada en distintos campos. La cobertura social del problema se debe completar con medidas eficaces en la Justicia y el orden público. Estas medidas aprobadas a nivel autonómico nunca van a ser suficientes por sí mismas, pero muestran a los propietarios que la dejadez de los poderes públicos no es total.

Eso sí, la clave estará en la puesta en marcha real de las medidas que se aprueben. Toda la atención social a las familias afectadas (las que no poseen una vivienda y las víctimas de ocupación) quedará en nada si no existe una dotación de medios suficientes .

Canal de denuncias y asesoramiento a víctimas

La Ley de Murcia insta a los municipios a luchar contra la ocupación a través de sus servicios sociales, de vivienda y de las policías locales, y a comunicar a la Región los casos de ocupación detectados en sus ámbitos. Prevé una evaluación periódica de los problemas de ocupación en la Región con medidas para terminar con ella, elaborada con informes de los servicios sociales municipales, que tienen la información más próxima.

Se crea un canal de denuncias anónimas para casos de cesión fraudulenta y de ocupación de viviendas, es decir, aquellas formas de posesión de una vivienda sin título para ello y sin autorización de su legítimo titular, incluido el subarriendo sin título.

Se obliga a las empresas de suministros a asegurarse por cualquier medio admisible en derecho de que la persona que les solicita el servicio es el legítimo ocupante de la vivienda, o persona por él interpuesta. Estas empresas deben informar a la Dirección General de los casos de ocupación cuando tengas fundadas sospechas de ello, facilitando datos de altas de servicios y de consumos.

Se prevé la puesta a disposición de oficinas municipales destinadas al asesoramiento de personas en situación o riesgo de insolvencia, en peligro de perder sus viviendas por falta de pago, para que sean informadas sobre medidas existentes relacionadas con el endeudamiento ligado a la vivienda habitual y la pobreza energética. Se crea un Servicio de Mediación Hipotecaria y Lucha contra la Ocupación que pretende coordinar la atención social a personas que vayan a perder la vivienda, bien por ejecución hipotecaria bien por ocupación. Así como la mediación en casos de impago de alquiler que puedan conllevar un procedimiento de desahucio.

Para las personas víctimas de la ocupación se establecerá un sistema de asistencia legal a través de convenios de la Región de Murcia con los colegios de abogados.