Resolver la ocupación

El respeto a la propiedad privada y la inviolabilidad del domicilio deberían ser algunas de esas premisas que están en la base de una sociedad y que reciben el apoyo mayoritario del conjunto de los ciudadanos, al menos en una sociedad que se ha dado las reglas de convivencia básicas que recoge nuestra Constitución.

Una Constitución que ampara igualmente el derecho de todos a una vivienda digna, pero que parte del principio del respeto a la ley como norma básica de convivencia y de la interdicción del uso de la fuerza para la resolución de los conflictos. Al menos es algo que hemos aceptado todos los habitantes de este país, donde no se concibe el uso de armas para la defensa de nuestra morada, como sí ocurre en otras latitudes.

Es nuestra concepción de la civilización, donde ponemos nuestra confianza en los poderes del Estado para regular la convivencia y hacer respetar los derechos de todos. Un Estado que tiene el deber de trabajar por la mejor distribución de la riqueza y por poder ofrecer a las personas menos favorecidas una solución para su vivienda. Y tiene igualmente el deber de hacer respetar el orden establecido, impidiendo que unos u otros decidan arrogarse determinados derechos pisoteando los de los demás.

La ocupación como delito (leve) de usurpación.

El fenómeno de la ocupación es un hecho real que preocupa. No debe distorsionarse difuminando su presencia como si no existiera o afectara solo a “los bancos”, entendiendo a estos como un tipo de sujetos con personalidad jurídica de menor categoría. Ni tampoco debe exagerarse en aras de crear un clima social enturbiado o de promover determinados negocios ligados a la seguridad.

Lo cierto es que el sistema de protección legal frente a la ocupación no es eficaz. Falta de leyes apropiadas o problema de aplicación práctica del ordenamiento por quien debe hacerlo realidad. Podemos discutirlo, pero estaremos de acuerdo en que la situación actual no es buena y en que hay que actuar.

Casa ocupada: en qué me ayuda el seguro del hogar.

Con la cabeza fría, debemos urgir a nuestros representantes a que tomen cartas en el asunto. Ofreciendo soluciones reales a las personas que necesitan una vivienda para vivir, y reafirmando ante todos que vivimos en un Estado de derecho, donde no cabe que cada uno tome por la fuerza aquello a lo que cree tener derecho, pasando por encima del resto.