La doble consideración de la vivienda como bien básico y como objeto de inversión genera muchas distorsiones y se presta a consideraciones maniqueas donde el dinero no goza de presunción de inocencia.
Es alentador que desde el Estado se impulse ahora -tal y como hemos venido demandando- la construcción de un amplio parque de vivienda social que contribuya a resolver los problemas objetivos de acceso a un techo estable que padecen cientos de miles de conciudadanos.
Porque no es realista ni justo pretender que sean los propietarios particulares de inmuebles quienes deban solucionar dicho problema, cediendo sus inmuebles de modo casi gratuito sin compensación de ningún tipo.
Durante décadas, miles y miles de esforzados trabajadores han optado por invertir sus ahorros en una vivienda o local, y muchos cuentan con las rentas de su alquiler para completar sus ingresos o pensiones y sacar adelante a sus familias.
Un Estado moderno debe velar por corregir situaciones que pudieran derivar en especulación exacerbada con bienes de primera necesidad, pero tales medidas no pueden suponer de hecho, al menos en nuestro ordenamiento, una expropiación encubierta de bienes o rendimientos de los ciudadanos.
La suspensión de los desahucios hasta mayo de 2021.
La necesaria intervención de la Administración en materia de vivienda debe compaginar un marco razonable para el mercado libre con una oferta pública suficiente destinada a casos de necesidad. Este parque público de vivienda necesita ahora un vigoroso impulso, al tiempo que se preservan y mejoran las condiciones de mercado, con seguridad jurídica para todos.
