Gastos de defensa jurídica en el seguro del hogar
Las pólizas de seguro de hogar suelen incluir algunas “sorpresas” para el asegurado. Muchas veces no leemos ni las condiciones generales ni las particulares del seguro que contratamos. A veces, como en el caso que ahora comentamos, el asegurado ni siquiera había recibido copia de tales condiciones.
Conviene conocer las coberturas contratadas porque a veces nos cubren gastos con los que no contábamos.
Qué es importante en su seguro de hogar.
Ramón tenía contratado desde 2002 un seguro combinado de hogar que incluía un apartado de “Protección jurídica integral”, con un capital asegurado por siniestro de más de 5.000 euros.
Ramón entabló un litigio contra el ayuntamiento que le empleaba desde hacía años para que le reconocieran la laboralidad de su contrato, que el ayuntamiento presentaba como un contrato mercantil que se encadenaba con otros sucesivos. En mayo de 2019 el TSJ de Cantabria dictó sentencia firme dando la razón a Ramón. Entonces Ramón cayó en la cuenta de que la minuta de su abogado (3.000 euros) podía estar cubierta por su póliza de seguro de hogar, y pidió a la aseguradora que le enviaran las condiciones particulares de la póliza para comprobarlo.
Tras revisar los términos de su seguro de hogar, Ramón declaró el siniestro a la compañía de seguros y como esta se negara a hacerse cargo de esos gastos de su defensa jurídica, Ramón interpuso una demanda frente a la aseguradora.
Condenada la aseguradora que se negó a cubrir el daño por lluvia.
Gasto jurídico cubierto y en plazo de reclamación
La Audiencia Provincial de Cantabria (28/9/2021) da la razón a
Gastos de defensa jurídica en el seguro del hogar
Las pólizas de seguro de hogar suelen incluir algunas “sorpresas” para el asegurado. Muchas veces no leemos ni las condiciones generales ni las particulares del seguro que contratamos. A veces, como en el caso que ahora comentamos, el asegurado ni siquiera había recibido copia de tales condiciones.
Conviene conocer las coberturas contratadas porque a veces nos cubren gastos con los que no contábamos.
Qué es importante en su seguro de hogar.
Ramón tenía contratado desde 2002 un seguro combinado de hogar que incluía un apartado de “Protección jurídica integral”, con un capital asegurado por siniestro de más de 5.000 euros.
Ramón entabló un litigio contra el ayuntamiento que le empleaba desde hacía años para que le reconocieran la laboralidad de su contrato, que el ayuntamiento presentaba como un contrato mercantil que se encadenaba con otros sucesivos. En mayo de 2019 el TSJ de Cantabria dictó sentencia firme dando la razón a Ramón. Entonces Ramón cayó en la cuenta de que la minuta de su abogado (3.000 euros) podía estar cubierta por su póliza de seguro de hogar, y pidió a la aseguradora que le enviaran las condiciones particulares de la póliza para comprobarlo.
Tras revisar los términos de su seguro de hogar, Ramón declaró el siniestro a la compañía de seguros y como esta se negara a hacerse cargo de esos gastos de su defensa jurídica, Ramón interpuso una demanda frente a la aseguradora.
Condenada la aseguradora que se negó a cubrir el daño por lluvia.
Gasto jurídico cubierto y en plazo de reclamación
La Audiencia Provincial de Cantabria (28/9/2021) da la razón a Ramón y condena a la aseguradora a pagarle el importe de la minuta del abogado, con intereses.
Los jueces recuerdan que se trata de un seguro de daños y que el plazo que tiene el asegurado para reclamar a su aseguradora es de dos años. ¿Desde cuándo se cuenta ese plazo? La Audiencia cita al Supremo para recordar que en los casos en que haya existido reclamación judicial, el momento de inicio del plazo de reclamación a la aseguradora es el de la notificación de la resolución que determina la firmeza de la sentencia condenatoria, momento en que puede conocerse con exactitud la deuda contraída con el abogado. Con base en ese criterio, algunas audiencias provinciales interpretan que el plazo para reclamar a la aseguradora comienza cuando se recibe la factura de honorarios del abogado.
Es decir, el plazo no cuenta desde que se inicia el procedimiento judicial, ni mucho menos desde que se producen los hechos que dan pie al procedimiento judicial.
En el caso comentado, la factura llegó cinco meses después de dictarse sentencia firme, pero en todo caso Ramón estaba en plazo para reclamar a su seguro de hogar que se hiciera cargo de ese gasto de defensa jurídica.
