Alquiler de quita y pon

España ocho de cada diez arrendadores son personas físicas. Sus perfiles son muy variados: hay quien goza de una situación económica muy holgada y hay quien depende estrictamente del cobro puntual de la renta cada mes para poder vivir.

La visión de un casero orondo que vigila el estado de sus ingresos desde su yate y busca el modo más o menos legal de sustituir sus inquilinos por otros que paguen mejor y sobre todo más, no es muy representativa de la realidad, aunque pueda existir.

Nuevas reglas para el alquiler. 

La vivienda como objeto de negocio

Es cierto que la vivienda habitual no puede equipararse a cualquier otra inversión como las acciones en bolsa, el oro o el bitcoin. Estamos hablando de un bien que resulta necesario para satisfacer una necesidad esencial de las personas. De ahí que resulte lógico que la legislación prevea una serie de reglas cuyo fin es aportar cierto grado de seguridad y estabilidad a los hogares que optan de grado o por descarte por el alquiler.

Pero el modo en que los poderes públicos intervienen para garantizar esos derechos tiene que ser coherente y efectivo.

Una protección pública de verdad

No es coherente cuando no incluye medidas para abaratar el encarecimiento artificial de la vivienda, propiciado por una regulación irracional de todo el proceso constructivo, desde la puesta en disposición del suelo hasta la entrega de la vivienda terminada. El Estado no debería tratar de desviar la atención hacia los “especuladores” cuando patrocina un sistema oscuro y turbio que propicia la existencia de “tiburones” a un lado y otro de la mesa. Sin pretender blanquear ninguna conducta delictiva, hay que ser honesto para reconocer que la abundancia de casos de corrupción en urbanismo -de todo signo y condición- es la prueba palpable de que se mantiene a sabiendas un sistema que la propicia, al poner en manos de pocas personas decisiones de enorme transcendencia económica, con procesos en absoluto transparentes.

Y las medidas no son efectivas cuando al tiempo se comprueba que el resultado alcanzado es el contrario al perseguido, un mejor acceso a la vivienda.

Sacar la vivienda del mercadeo político

Modificar las leyes repetidamente, hacer de la vivienda un terreno de mercadeo de votos o imponer exigencias y obligaciones indiscriminadas sobre la propiedad, no parece la mejor vía para alcanzar este fin.

Partiendo de la realidad de nuestro alquiler, diseñemos un marco legal consensuado y bien estudiado que incentive a esas personas a poner a disposición sus viviendas, bonificando los alquileres de vivienda estables y a precio asequible. Sin olvidar el imprescindible complemento de un parque público de vivienda.