El control de precios no es la solución

La desproporción entre los ingresos por trabajo y el coste de la vivienda en ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga o Palma y en sus respectivas áreas de influencia está en el debate público, genera muchas reflexiones y, hasta ahora, pocas medidas eficaces.

El problema incluye la adquisición. Si el arrendamiento copa los debates es porque de la compra “ya ni hablamos”.  Está absolutamente descartada para alguien que percibe con suerte el salario medio de entre 12 y 18.000 euros anuales. Hasta bien avanzada la crisis muchos padres ayudaron a sus hijos con dinero para la entrada de una casa. Ahora, sin ahorros previos, la compra queda excluida y quienes se incorporan al mercado laboral o lo han hecho en los últimos seis u ocho años solo tienen como meta el alquiler.

Una meta a veces inalcanzable. Cuando la renta se come el 60 o el 80% de tus ingresos las opciones para salir del hogar familiar se reducen al alquiler de habitaciones o al piso compartido que salva en cierto modo la ilusión de tener un techo propio para quien tiene 20, 30, 40 años…

Problema complejo, ¿solución fácil?

La situación no es la misma en todas las ciudades del país. Y no afecta igual a quienes salvaron la última crisis manteniendo los sueldos anteriores. Esta diversidad de realidades acentúa la incomprensión sobre la gravedad del problema, que adopta por momentos tintes generacionales. Como las circunstancias no son semejantes en todas partes ni para todos, no es sencillo llegar a acuerdos sobre soluciones globales.

Algunos políticos optan entonces por la vía directa: el control de precios. En la reciente encuesta realizada en Barcelona observamos que no son pocos los que verían con buenos ojos algún tipo de intervención para controlar las rentas.

Pero esta solución no parece la más adecuada, al margen de ser poco respetuosa con el derecho a la propiedad privada. No ha demostrado ser eficaz allí donde se ha utilizado. Desde un punto de vista práctico, de eficacia de medidas, es desaconsejable que se imponga un límite máximo a la renta de los alquileres que se aplique indistintamente a todas las viviendas de una misma zona.

Pensamos que la acción pública debe centrarse en aumentar la oferta de vivienda asequible, favorecer mediante incentivos la puesta en alquiler de un mayor número de viviendas privadas y ayudar de manera directa y real a quienes no pueden acceder a la vivienda.

Limitar los precios o expropiar el uso de viviendas “vacías” parece “rápido” pero, a medio y largo plazo agrava el problema.