Recuperar el foco en el ciudadano

El modo en que se regulan en España distintos aspectos relativos a los inmuebles nos sigue dejando un inevitable aire de improvisación y provincianismo. Ocurre con los arrendamientos y su falta de profesionalización, o con la atomización de la regulación de los alquileres de corta duración, con la aprobación y anulación judicial parcial posterior de normas, requisitos, controles, prohibiciones, etc. 

Y ocurre de manera particular con las relaciones entre escrituras, registro, catastro, control municipal de obras y realidad de los inmuebles.

Problemas para legalizar 

Una socia de OCU se ha topado con esta realidad al pretender regularizar jurídicamente la realidad del inmueble que quería comprar. Se ha topado con discusiones corporativistas que se le escapan por completo: sobre si se requiere la firma de un arquitecto superior o de un arquitecto técnico para elaborar certificados descriptivos de edificaciones existentes y estado constructivo, con declaración de antigüedad. Sobre si el notario acepta los documentos técnicos aportados para firmar una escritura de ampliación de obra nueva, pero el registrador posee otro criterio. Sobre si los técnicos del ayuntamiento en cuestión rechazan la validez del certificado del técnico contratado y visado por su respectivo Colegio profesional.

Al final, en este periplo que aún no ha terminado, ya son varios los protagonistas que han preguntado en voz baja a nuestra socia por qué se ha decidido a hacer todo este papeleo que a todos incomoda. ¿No podía haberlo dejado correr?

Hay ciudadanos, cada vez más, que pretenden hacer las cosas bien. Y ante un desajuste entre superficies reales, escrituradas y catastrales de los inmuebles, optan por su regularización, aunque ello les suponga más tarde el pago de mayores impuestos. Pero se topan con un sistema que resulta enormemente ineficiente, lento y caro.

Normas que piensen en el ciudadano

Es patente que la regulación de todo el proceso constructivo de la vivienda en España, desde la planificación y transformación del suelo hasta la inscripción del inmueble resultante en los distintos registros vigentes, pasando por las licencias y “controles” municipales, está atrasada y resulta contraria a su fin último: la seguridad jurídica y la protección de los derechos tanto del propietario como de la colectividad. Se legisla pensando en colectivos y se pierde el foco: el ciudadano. No podemos extrañarnos de que el resultado sea una vivienda artificialmente encarecida. O una sociedad habituada y casi obligada a trampear para sobrevivir.