El sistema de control administrativo de todas las fincas, urbanas y rústicas, que existen en el país debería estar unificado y gestionado públicamente. Para ser eficiente debe incluir la información material sobre la finca (situación, lindes, superficie exacta, características) y toda la información jurídica relevante, tanto en su vertiente civil (propiedad, cargas, servidumbres) como en su vertiente urbanística y administrativa (tipo de finca y limitaciones que le afectan). En la actualidad, la coexistencia del catastro y el registro de la propiedad no ofrecen un servicio satisfactorio.
El primero hace esfuerzos por actualizarse, pero no es suficiente. En los últimos años ha lanzado una campaña de regularización por municipios, permitiendo a los propietarios que pusieran al día sus propiedades (nuevas construcciones, ampliaciones, etc.) mediante el pago de una tasa única de 60 euros. En cierto modo se trataba de una amnistía, ya que en teoría todos estamos obligados a declarar al catastro las modificaciones de nuestras fincas, bajo pena de sanción de hasta 6.000 euros en el peor de los casos. Pero estas campañas no han sido suficientemente publicitadas y muchos ciudadanos las desconocen. Además, el catastro ha encargado revisiones de oficio a empresas particulares y se han puesto de manifiesto numerosos errores en las “comprobaciones” que han llevado a cabo, obligando a los propietarios a tener que impugnar la nueva valoración catastral que les era comunicada.
Por su parte, el Registro de la Propiedad sigue conteniendo errores materiales de bulto. Los propietarios que quieren corregirlos se ven abocados a iniciar lentos y costosos procesos de rectificación, donde intervienen notarios y registradores, cuando no tienen que contratar por su cuenta a peritos topógrafos que realicen mediciones sobre el terreno. Tan complejo sistema no aporta como contrapartida una protección elevada al tráfico jurídico. Antes de adquirir un inmueble resulta imprescindible acudir tanto al registro como al catastro, y ello no le priva a uno de posibles sorpresas.
Ya es hora de que se implante un auténtico catastro unificado y actualizado, que proporcione toda la información relevante, tanto a los particulares como al Estado. Y que prevea sistemas de actualización automática que eviten el continuo desfase con la realidad.
