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Política global de vivienda

Publicado el   14 noviembre 2011
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El gobierno que salga de las urnas debe acometer una reforma global en materia de vivienda, sin perder de vista el objetivo final: que los ciudadanos puedan disfrutar de una vivienda adaptada a sus necesidades y que el sector inmobiliario vuelva a contribuir al desarrollo de nuestra economía.
Como cada cuatro años, desde la OCU hemos hecho llegar a todos los partidos nuestras propuestas, también en materia de vivienda. Hasta ahora con un eco limitado.
 
 En el umbral de 2012 la situación del mercado inmobiliario en nuestro país no está en su mejor momento. Aunque los precios estadísticos de la vivienda reflejen una caída cercana al 20%, la accesibilidad a la vivienda apenas ha mejorado. Y no podemos decir que las autoridades públicas se hayan mantenido inactivas en este sentido en los últimos años.
 
No nos corresponde valorar la oportunidad de determinadas medidas legislativas, sus rectificaciones o moratorias; cada uno tendrá la ocasión de hacerlo en las urnas. Pero no podemos por menos de constatar la situación actual, donde miles de familias se ven privadas de sus viviendas en procedimientos ejecutorios, donde miles de jóvenes y menos jóvenes han vuelto a ocupar los hogares familiares por no poder pagar ni siquiera el precio de un alquiler, donde se ha producido un acaparamiento de inmuebles sin precedentes por parte de las entidades financieras, donde miles de viviendas permanecen vacías por el miedo de sus propietarios a sacarlas al mercado, donde incluso aquellas familias que mantienen un nivel de ingresos estable penan por conseguir un préstamo hipotecario, donde la actividad constructiva se acerca ineludiblemente a un periodo de parón forzado.


NÚMERO DE VIVIENDAS VISADAS (línea azul, miles) Y TERMINADAS EN 12 MESES
 
Resulta evidente que la situación global es absurda: existe millones de viviendas disponibles y existen millones de personas necesitadas o deseosas de ocuparlas. Corresponde a los poderes públicos abordar esta cuestión de modo urgente para eliminar las barreras que impiden un desarrollo ordenado del mercado.
 
Pero esta vez hay que exigir a nuestros gestores que tengan altura de miras y que traten a la vivienda de un modo global, sin precipitarse con parches y medidas (u oposiciones)  “ideológicas”. Desde el mayor consenso posible, debería abordarse un plan nacional para la vivienda, que necesariamente ha de acometer múltiples objetivos no contradictorios (impulso del alquiler, incentivos a la compra, etc.,) pero con una coherencia global. ¿Seremos capaces de dejar de lado nuestros complejos decimonónicos “derecha-izquierda” para afrontar con éxito un problema nacional?
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