NO podemos decir que la contribución de las entidades financieras a la normalización del mercado de la vivienda haya sido o esté siendo positiva.
Si en años pasados la cometa se nos ha escapado de los dedos - para mayor regocijo de promotores y administraciones varias – es porque la banca, en sentido amplio, le ha dado cuerda. Con ello no queremos eximir de responsabilidad personal a cada uno de los compradores que decidieron endeudarse fuertemente para adquirir una vivienda, en muchos casos por encima de sus razonables posibilidades. Cada uno debe asumir sus decisiones. Pero es de todos aceptado que, durante años, un ataque de ceguera colectiva o de optimismo mal entendido ha provocado que en la concesión de préstamos hipotecarios no se aplicaran los criterios de prudencia mínimamente exigibles.
El reconocimiento de su culpa por las entidades financieras ha llegado de modo indirecto. Ante las críticas recurrentes sobre la limitación del crédito – las fincas hipotecadas disminuyeron un 39% entre 2007 y 2009 –, la banca asegura que ella no ha cerrado el grifo y que la concesión de préstamos a demandantes solventes no se ha interrumpido nunca. Entonces, ¿quiere eso decir que antes se prestaba también a los insolventes? ¿O es que ahora los clientes con solvencia brillan por su ausencia? ¿Por qué ahora sí se limita el préstamo al 80% del valor de tasación de la vivienda, frente al 100% o ciento y pico de años pasados? El elevado incremento de la tasa de morosidad da respuesta a esas cuestiones.
Pero al margen de responsabilidades pasadas, la actitud presente no es mucho mejor. La banca hace lo posible para que los precios no bajen. Solo ofrece a precios realmente ajustados las viviendas que nadie quiere. Parece haberse sumado a una campaña del tipo “laviviendalasubimosentretodos.org”. Pero teniendo en cuenta los salarios en España y su probable evolución, el paro, el precio de la vivienda y la previsible remontada de los tipos de interés, ¿quién pretende que compre ahora?
Un nuevo movimiento al alza de los precios solo cabría en un escenario de “déjà vu”, en el que la banca vuelva a taparse los ojos y a prestar sin consideración a la capacidad real de devolución de los préstamos. Algo que una asociación de consumidores responsables no puede suscribir.
