Lo hemos advertido ya en varias ocasiones, en editoriales como en artículos. El urbanismo es algo muy serio: se hipoteca por lustros el desarrollo del territorio y se juega con los ahorros de miles de personas.
Es un hecho objetivo que el sistema vigente y el reparto de competencias entre administraciones en nuestro país está dando lugar a situaciones esperpénticas. Edificaciones en zonas no urbanizables o claramente protegidas, barrios enteros que pasan de la alegalidad (ilegalidad tolerada) a la orden de derribo por decisiones administrativas o judiciales, desarrollos faraónicos, formalmente legales o no, pero que no resisten a un mínimo análisis racional y que el tiempo se encarga de darles un aspecto… desértico.
No cabe engañarse: el problema no son dos o tres (cientos) ediles de diverso signo y condición, con los colchones llenos y la vergüenza vacía. La cuestión es que el sistema actual deja graves decisiones en manos de personas individuales, con la preparación técnica y la catadura moral que cada uno traiga de su casa, a lo que se añaden las holguras que un gobernante puede adquirir en diez, quince o veinte años de gobierno ininterrumpido. No existen medios eficaces de control por otras administraciones hasta que ya es tarde y el daño está hecho.
En ocasiones la irresponsabilidad es compartida por muchos ciudadanos, nacionales y extranjeros, que se lanzan a comprar o edificar es situaciones dudosas y que luego exigen la regularización de lo suyo.
Necesitamos mejores administradores de lo público, pero estos no son sino un reflejo de la misma sociedad. Entre tanto, instauremos un sistema que dé menos margen a la incompetencia o a la inmoralidad, con controles previos y una Justicia que resarza cuanto antes los daños causados.