Compra en la burbuja, vende en la crisis y le cobran la plusvalía

El Tribunal Supremo sigue dictando sentencias sobre casos de reclamación a los ayuntamientos que cobraron el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (la Plusvalía municipal) a vendedores o herederos de inmuebles urbanos, cuando en realidad no había existido incremento de valor.

En qué casos se puede reclamar la plusvalía

Hay que recordar que el Tribunal Constitucional dictó varias sentencias en 2017 (entre ellas la ya famosa 59/2017) en las que declaró inconstitucionales algunos artículos de la Ley de Haciendas Locales, en la medida en que exigen el pago de un impuesto aun en casos donde no se ha producido incremento de valor. Eso es contrario al principio de capacidad económica que la Constitución impone como presupuesto a cualquier impuesto.

Algunos tribunales entendieron entonces que el TC declaraba la inconstitucionalidad de esos artículos en todos los casos (nulidad total), y anularon liquidaciones de la Plusvalía tanto en casos donde no había existido incremento de valor como en otros donde sí lo había habido. Los ayuntamientos afectados recurrieron.

El 9 de julio de 2018 el Supremo dictó una sentencia aclarando que la normativa del Impuesto solo era nula en los casos donde no había existido incremento de valor en el momento de transmitir el inmueble. Cuando haya existido incremento de valor entre la adquisición y la transmisión, el Impuesto es válido y se debe cobrar. Es el contribuyente quien debe probar que no ha habido incremento de valor. Y para ello cuenta con los medios de prueba admitidos en derecho. El más habitual es la comparación de los precios del inmueble en las respectivas escrituras, de adquisición y de transmisión.

Cómo queda la plusvalía por ahora.

Pero atención: hay ayuntamientos que no aceptan la prueba presentada por el contribuyente y tratan de justificar por otros medios que sí ha existido incremento de valor. Por ejemplo, a través de informes de sus técnicos. Cuando el caso pasa de la vía administrativa a la judicial, es el juez quien debe valorar las pruebas presentadas por uno y otro. En la mayor parte de los casos se está dando valor a la prueba presentada por el contribuyente con base en las escrituras. Salvo que el juez aprecie que el valor de escrituras es un valor falso.

Un caso reciente en Madrid

Por ejemplo, en el caso resuelto en sentencia del Supremo de 3/12/2018, una persona había vendido una vivienda en Madrid por 180.000 euros en junio de 2014, en plena crisis. La misma vivienda había sido adquirida en noviembre de 2007 -en el punto álgido de la burbuja- por 381.642 euros.

Parece evidente que hubo una pérdida de valor para la contribuyente, de la que se deduce una pérdida de valor del suelo de su inmueble entre las dos fechas. Pero el Ayuntamiento de Madrid cobró por el impuesto de plusvalía a la vendedora la cantidad de 7.700 euros. Y la vendedora inició la reclamación para exigir la devolución de esa cantidad.

El Supremo anula la liquidación del Ayuntamiento, pero lo hace contra los argumentos de la instancia anterior. La anula por la inexistencia de incremento de valor, que aquí considera probada por los datos de las escrituras. Pero recuerda que si hubiera existido incremento de valor, el Impuesto estaría bien liquidado.

Hay que afinar, no se confíe

Todo lo anterior está vigente mientras no se apruebe una modificación de la Ley del Impuesto, que está pendiente (y mientras no cambien los criterios de los jueces entre tanto, claro).

En muchas partes de España los precios de la vivienda están lejos de recuperar los niveles de los años 2005-2008. Es frecuente que se sigan vendiendo inmuebles a precio inferior al de su adquisición. Si es su caso, tenga en cuenta que deberá presentar pruebas ante el ayuntamiento (y en su caso ante los jueces) de la inexistencia de incremento de valor.

Algunos tribunales han admitido que para el cálculo de la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión, se considere también la inflación. Es el caso de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Zaragoza, de 3/10/2018 (resolución 188/2018).