a reciente decisión del Gobierno podría haber herido de muerte la OPA que el BBVA lanzó sobre el Sabadell hace un poco más de un año. En toda operación corporativa, se paga una prima por tomar el control que está motivada por el ahorro de costes y un mayor valor conjunto (sinergias operativas) que tendría la nueva entidad conjunta. Y aquí es donde el Gobierno ha metido la tijera, pues su decisión de vetar la fusión entre BBVA y Sabadell durante un periodo de tres años, ampliable a cinco, manteniendo la independencia operativa de ambas entidades, en la práctica lo que hace es volatilizar más de la mitad de las sinergias previstas por el BBVA, estimadas inicialmente por valor de unos 850 millones de euros anuales (vea nuestro análisis sobre la acción del BBVA). Los ahorros en costes de personal y sucursales no se podrán efectuar estos años y las sinergias tecnológicas también generan dudas sin la fusión.
La pelota está ahora en el tejado del BBVA, que ha de valorar si con estas nuevas condiciones merece la pena seguir adelante con la OPA. Pero, de hacerlo, es evidente que la rentabilidad de la operación es ahora mucho menor que al comienzo. En cualquier caso, los accionistas son los grandes perjudicados en esta historia. Son ellos a quienes se les tenía que haber escuchado y podría ser que al final no tengan ya nada que decir. No hay que olvidar que la OPA “hostil” en todo caso lo sería para el consejo del Sabadell, pero no así para sus accionistas, que hubieran sido libres de aceptar o no la propuesta en unos términos de rentabilidad que ahora, de ser preguntados, partirán de condiciones mucho peores para ellos. Este menosprecio al accionista lo ha justificado el Gobierno en base a unas consideraciones de interés general que han levantado ampollas tanto en el BCE como en la Comisión europea.
Si algo consigue una fusión, como esta del BBVA y Sabadell, es fortalecer el sistema financiero y fomentar la confianza de los clientes. Mientras que la intervención del Gobierno lo que hace es socavar la predictibilidad regulatoria y sentar un precedente peligroso que podría afectar negativamente a las decisiones de inversión en el sector. Y no solo eso. De seguir adelante el BBVA con la OPA, esta intervención gubernamental podría originar una estructura más burocrática y menos eficiente, en ambos bancos con una menor inversión e innovación, lo que a largo plazo penalizaría a consumidores e inversores.
Toda vez que la CNMC ya había valorado que la operación podía seguir adelante con unas condiciones que, a nuestro parecer, eran suficientes para garantizar la competencia, la intervención adicional del Gobierno ha creado un serio precedente que desmotiva el lanzamiento de nuevas operaciones corporativas ahuyentando a inversores y castigando con ello el valor para sus accionistas de aquellas sociedades en las que existe alguna oportunidad de ser opadas.